En la reciente alocución, el presidente Petro reiteró que el fundamento de su gobierno es la justicia social. “Justicia, si sólo supiéramos qué es”, le hubiera contestado Sócrates.

La “justicia social” se distingue de otras nociones de justicia en su énfasis con la búsqueda de remediar las desigualdades de ingreso y de riqueza. Contrariamente al imaginario popular, la reducción de desigualdades no es una meta exclusiva de la izquierda.

Adam Smith condenó la indiferencia de los ricos de su época “quienes no ven a quienes consideran inferiores como hermanos” y orientó su teoría económica hacia la eliminación de privilegios de varios estamentos de sus tiempos. Friedrich Hayek resaltó cómo “la manera en que los beneficios y cargas son distribuidas por el mercado podría ser injusta si fueran el resultado de una asignación deliberada a personas específicas”.

Y Milton Friedman destacó cómo “pocos pueden no conmoverse por el contraste entre el lujo disfrutado por algunos y la pobreza sufrida por otros” y abogó por la protección de las libertades económicas como el camino para una mayor prosperidad general. La búsqueda de un mundo mejor para todos y no sólo para algunos no es exclusiva de los caudillos ungidos por el “pueblo”.

Donde existen diferencias irreconciliables es en el “cómo” mejorar las desigualdades. Quienes defendemos las ideas liberales como el camino más efectivo para lograr el progreso, vemos con preocupación cómo la “justicia social” de Petro conduce a Colombia hacia el atraso, la decadencia y el autoritarismo, debido a tres razones principales:

Primero, porque destruye la arquitectura de incentivos del país, premiando lo improductivo/destructivo y castigando lo productivo. Prueba de ello, hemos visto cómo la “Paz Total”, la reforma agraria y la reforma política buscan premiar a quien delinque, a quien atenta contra la propiedad privada y a quien crea y apropia rentas estatales. Mientras tanto, la reforma tributaria, la laboral y la pensional están claramente encaminadas a desincentivar la generación de empresa, la creación de empleo y la obtención de beneficios fruto del esfuerzo propio.

Segundo, porque establece al Estado como el epicentro de la distribución de bienes y servicios en la economía, trayendo consigo todos los males de la estatización y el intervencionismo generalizado.

Alterando la industria de los hidrocarburos, principal fuente de ingresos de nuestro país, subiendo aranceles para los alimentos y apropiándose de la prestación de servicios como la salud o la gestión del ahorro pensional, la justicia social de Petro se funda en la eliminación de alternativas y en la concentración del poder en manos de los burócratas.

El resultado es obvio y respaldado por amplia evidencia local e internacional: la corrupción, el clientelismo, el gasto público desmedido, la victimización y la ineficiencia generan círculos viciosos de destrucción de valor.

Y tercero, porque desdibuja la claridad en las reglas de juego. La “voluntad general” que esgrime el caudillo altera permanentemente el ordenamiento jurídico y el ejercicio del poder público. Su consecuencia: más incertidumbre, más inseguridad jurídica y menos atractivo para emprender proyectos empresariales o de vida en el país.

Por esto y mucho más, la “justicia social” de Petro es la receta comprobada para el fracaso de Colombia.