El grado de inventiva e innovación de una sociedad es el mayor motor de productividad y, por ende, de su prosperidad. A su vez, está ampliamente demostrado que una buena educación conduce hacia el fortalecimiento de estos determinantes de la productividad y, en general, hacia una mayor riqueza de un país.
Dos hechos contundentes demuestran que la política pública educativa colombiana parece no entender esto.

Primero, Colombia destaca por los pésimos resultados en las pruebas Pisa, donde apenas el 1% de los estudiantes tiene un alto nivel de comprensión de lectura (Nivel 5 o 6), muy por debajo del promedio mundial de 9%. Segundo, en el Global Skills Report 2022 de Coursera, nuestro país ocupa el puesto 78 de 102 en desarrollo de habilidades en alta demanda, estando dentro del peor percentil, “Rezagado” (25% o menor), en el estudio activo de las mismas. En la región estamos por debajo de Perú, Ecuador, Brasil, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Uruguay y Chile.

Es preocupante que Colombia pueda perderse de la oportunidad de acceder a los 149 millones de empleos en el mundo que Coursera proyecta que se crearán durante los próximos tres años en el Top 10 de posiciones de mayor demanda: análisis y ciencia de datos, inteligencia artificial y machine learning, big data, marketing digital, automatización de procesos, desarrollo de negocios, transformación digital, ciberseguridad, desarrollo de software e internet de las cosas.

En lugar de aprovechar la destrucción creativa que trajo la pandemia, acelerando la transformación digital de la economía global, este Gobierno parece enfrascado en creer que el futuro del capital humano del país está en el acceso a tierras y el otorgamiento de subsidios a algunos sectores de la población, incluyendo a los jóvenes en plena edad productiva.

Este camino es supremamente anacrónico y peligroso. Mezclar esta visión del futuro de las nuevas generaciones con el marchitamiento súbito voluntario de las industrias extractivas y el poner las esperanzas en el desarrollo rural bajo una visión maoísta de reparto de tierras, condenaría a Colombia a desconectarse de las tendencias de la economía mundial y a una baja productividad relativa que solo produciría pobreza, mayor radicalización de una población frustrada y su dependencia del Estado.

Sin una estrategia de educación orientada al desarrollo de habilidades y competencias relevantes para trabajos bien remunerados o emprendimientos que generen valor, la política de subsidios y condonaciones masivos simplemente sería una vacuna periódica pagada a los jóvenes para postergar su violencia, en lugar de promover su desarrollo profesional en un contexto de grandes oportunidades donde la oferta de habilidades requeridas para la economía digital está muy por debajo de su exponencial demanda.

Pese a ser millennial, comparto la creencia de que “cada nueva generación que nace es, en efecto, una invasión de la civilización por pequeños bárbaros, que deben civilizarse antes de que sea demasiado tarde”. La política educativa no puede enfocarse en tratarlas como víctimas y en legitimar su extorsión. Pese a que en el corto plazo tendría réditos políticos, que es lo único que parece interesar, esta victimización estatal le haría un daño irreparable al futuro de Colombia: sus jóvenes.