Lejos de una connotación moral, una idea es mala cuando sus premisas o su conclusión son equivocadas o se ignora la clara evidencia en su contra. En Colombia, todos los días vemos cómo las malas ideas se están tornando política pública a costa de la sostenibilidad financiera, la productividad, la competitividad y, lo más importante, la calidad de vida de los ciudadanos. Cotidianamente se proponen controles de precios, subsidios, estatizaciones, proteccionismos, amnistías y desincentivos a actividades productivas como recetas mágicas para la solución de los problemas de Colombia, pasando por alto las nefastas consecuencias que han traído donde se han implementado. Si esto es tan evidente ¿por qué siguen triunfando las malas ideas? Entre muchas, tres razones:

Primera, la psicológica. El modelo de cognición humana que promovió la Ilustración para vencer a la superstición y el oscurantismo, basada en la observación neutral de la realidad empírica no ocurre en la práctica. Como lo ha venido investigando Jonathan Haidt y otros psicólogos sociales, existe contundente evidencia de que los seres humanos generalmente no actuamos racionalmente. Por el contrario, solemos acudir al “razonamiento motivado” para tomar decisiones basadas en nuestros sesgos emocionales, en lugar de acontecimientos objetivos. Cuando la evidencia va en sentido contrario de la ideología o el prejuicio, simplemente tiende a ser ignorada, por contundente que sea.

En esta línea, Francis Fukuyama resalta una “crisis cognitiva de las democracias modernas”, en que hemos pasado del relativismo moral, que valida la subjetividad de los sistemas de valores, al extremo del relativismo epistémico donde la diferencia entre hecho y valor se ha desdibujado. En nuestras sociedades posmodernas el sentir equivale al saber, lo cual anula a priori cualquier discusión argumentativa y permite el éxito de propuestas indefendibles racionalmente. “La verdad fáctica ya no sigue el acatamiento de dos normas: que nadie tiene la última palabra y que el conocimiento tiene que basarse en pruebas empíricas y no en la autoridad del hablante.” En una época de fuertes tensiones socioeconómicas la irracionalidad vive sus mejores horas y, con ésta, las malas ideas.

Segunda, la política. Se debe a la rentabilidad política de favorecer intereses de identidad concentrados en un grupo sin consideración de los efectos para los demás. Aprovechando la dispersión de intereses generales (a todos los ciudadanos les importa cada tema, pero no lo suficiente para tomar acción), el Gobierno actual utiliza la identidad de grupos (motociclistas, etnias, edad, género, etc.) para aprovechar los réditos de popularidad de las reformas promotoras de la segmentación de intereses colectivos. Resulta más provechoso políticamente favorecer grupos específicos que velar por la coherencia, integralidad y sostenibilidad de las medidas. El resultado es el desmonte de la igualdad formal ante la ley, la prevalencia arbitraria de intereses identitarios, la irrelevancia del análisis de viabilidad e impacto como factores de toma de decisión y la imposición de costos a los contribuyentes de los privilegios otorgados a grupos determinados.

Tercero, la institucional. Existe una creencia sobrevalorada en que “las instituciones” pueden frenar malas ideas. No deberíamos ser tan optimistas. Partiendo del concepto de Douglass North, las instituciones son restricciones formales (constituciones, leyes, derechos, entidades) e informales (sanciones sociales, tabúes, costumbres, culturas organizacionales) que condicionan interacciones políticas, económicas y sociales y siembran incentivos que determinan los resultados de una sociedad. Cuando las instituciones se vuelcan hacia el incentivo de actividades improductivas, como la redistribución de riqueza o el crecimiento de burocracias, difícilmente se puede esperar que los frenos de las malas ideas salgan de quienes más se benefician (o menos se perjudican) de dichas dinámicas. Es más lógico esperar su silencio, complicidad y connivencia que su auxilio frente a las malas ideas.