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El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice. El arbitraje se rige por los principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción.” Ley 1563 de 2012.

Hay que resaltar las bondades que tiene el procedimiento arbitral, y me refiero a resultados, normatividad y a los centros de arbitraje de las Cámaras de Comercio y de la Superintendencia de Sociedades. No hago mención de los otros que existen porque no los conozco. Los aludidos tienen unas listas de árbitros que, con contadísimas excepciones, son profesionales de reconocida trayectoria, probidad, conocimiento y experiencia, lo cual garantiza que se imparta justicia de una manera pronta, eficaz, fundada y efectiva.

En la crisis actual del sistema judicial, que se da, se presenta y se agrava cada vez más por la falta de recursos de todo tipo -técnicos, profesionales, financieros, tecnológicos, etc.-, salvando y resaltando, eso sí, como lo he venido insistiendo en mis escritos, las magníficas calidades de los funcionarios judiciales, el arbitraje termina siendo y se convierte en una solución ideal para que las personas y las empresas resuelvan sus diferencias por este mecanismo.

Conozco, he trajinado por el litigio en materia arbitral y por eso hablo con conocimiento de causa de sus bondades. Sin embargo, considero que se ha venido configurando en una especie de justicia elitista, y lo digo por los altísimos costos que pueden llegar a tener los honorarios de los árbitros y aún los de funcionamiento. Sin pretender desconocer la experiencia y el conocimiento, así como la dedicación de los árbitros, creo que debería haber una reflexión al interior de los centros de arbitraje y de los mismos árbitros para modificar su estatuto, los requisitos para ejercer como árbitro y para regular o tabular los honorarios de una manera más eficiente y accesible a todo el mundo, de tal forma que pueda haber un desarrollo, si no masivo, sí más extendido del procedimiento arbitral, que además permite descongestionar el aparato judicial, obtener una justicia pronta, con unos árbitros y jueces muy calificados, conocedores y expertos, con un altísimo grado de imparcialidad y sin corrupción hasta donde a mí me consta.

En una situación como la actual, en la cual un proceso ante la jurisdicción ordinaria, bien sea de carácter civil, comercial o de familia, que son aquellos en los cuales me muevo, por muy sencillo que sea, puede tomar por lo menos un año o año y medio -para no mencionar aquellos que requieren de un largo y complicado debate probatorio y con cuestiones jurídicas complejas, en los que el litigio, con todas sus instancias y con el recurso extraordinario de casación, puede tomar varios, por no decir muchos años-, la justicia arbitral adquiere especial relevancia e importancia. Acordémonos que, por ley, el plazo máximo para proferir el laudo es de seis meses; en la práctica puede terminar siendo un período mayor, pero en muy pocos casos que yo haya conocido se extiende más allá de los 12 meses. Todo lo contrario a lo que sucede en un proceso ante la justicia ordinaria, que se vuelve largo, complicado, cambian funcionarios, no hay la inmediación necesaria y, por ende, en muchos casos, tampoco el conocimiento y la compenetración que debe tener el fallador con el asunto a resolver. Esto no constituye justicia.

Es necesario que el gobierno, así como lo está haciendo en otros frentes, tome acciones concretas y decisivas para buscar soluciones al atasco del aparato judicial que cada día es mayor. No es solo con leyes, es con dinero para actualizarlo y modernizarlo. Se debería buscar financiación, apoyo en organismos internacionales, acuerdos de cooperación, entre otros. Sin un sistema judicial funcionando adecuada y suficientemente nunca habrá paz ni desarrollo. También se vislumbra como conveniente y necesaria una revisión del estatuto arbitral y específicamente del tema de tarifas y honorarios, lo cual, al volverse más abordable, representará un beneficio para todos: se hace más accesible a las partes, para los mismos árbitros porque habría muchos más negocios, y para los abogados por cuanto solucionan un pleito en forma expedita. En fin, es un gana-gana. Es hora de reivindicar la justicia arbitral y buscar los mecanismos para expandirla.