Al revisar el proyecto de ley propuesto por el actual Gobierno para avanzar hacia la llamada “paz total”, resulta inevitable llegar a una conclusión inquietante: en Colombia, delinquir sigue siendo rentable y atractivo. Lo anterior no solo por las dificultades estructurales del sistema judicial causadas especialmente por el ejecutivo, sino por la manera en que se redactan las leyes, cada vez más complacientes con quienes vulneran el Estado de derecho.

La impunidad, la corrupción y el deterioro institucional no se resuelven con normativas hechas a la medida de los victimarios. Adaptar la ley a las circunstancias particulares de cada grupo armado o criminal, en un intento por justificar sus acciones bajo un manto de legalidad artificial, es una peligrosa distorsión del concepto de justicia. Tal acomodo jurídico no contiene elementos de equidad, realismo ni legitimidad. La norma pierde su esencia cuando se convierte en instrumento de negociación política en lugar de garante de derechos.

Reconocer como “actores políticos” a grupos que históricamente han recurrido al secuestro, al asesinato, al desplazamiento forzado, al narcotráfico y a la extorsión, entre otra extensa lista de actos delictivos, no implica ni una lectura objetiva de la realidad nacional ni la búsqueda del una solución real ni efectiva. Por el contrario, es someter a la gente de bien a los delincuentes y configurar un sistema legal al servicio de quienes han convertido el crimen en su modelo de negocio. A estos grupos se les sigue ofreciendo beneficios por “someterse” a la justicia, cuando en realidad han gozado de privilegios y garantías desmedidas durante este Gobierno. Esta práctica no representa una apuesta por la paz; representa una claudicación frente al delito.

La consecuencia es una espiral sin fondo: se legitima el crimen, se debilita la institucionalidad y se consolida el mensaje de que el delito paga. No se logra la paz, ni la justicia, ni una sociedad con igualdad de oportunidades, ni nada. Lo que Colombia necesita no es más legislación acomodada ni discursos cargados de eufemismos, sino decisiones contundentes, políticas firmes y coherentes que enfrenten la delincuencia en todas sus manifestaciones, todo ello acompañado de un fortalecimiento real y estructural de la justicia.

Esto requiere recursos financieros, técnicos y humanos; requiere personal capacitado y valorado dentro del sistema judicial; requiere una estrategia decidida de lucha contra el crimen que empiece por blindar a quienes hoy imparten justicia en condiciones precarias, exponiendo su vida y sacrificando, muchas veces, su futuro profesional por un propósito noble que debería ser respetado por todos.

Estamos normalizando errores por la contaminación del discurso político: sofismas bien elaborados, perdones mal concebidos, comités y burocracia sin rumbo. Avanzar hacia una paz genuina exige autoridad legítima, fundada en el Estado de derecho, y no en modelos jurídicos flexibles diseñados al antojo de ideologías pasajeras. No puede ser que un gobierno se arrodille ante estructuras delincuenciales mientras debilita sus propias Fuerzas Armadas y el sistema de justicia.

El rumbo actual es equivocado. La justicia no fracasa por falta de talento humano, sino por falta de voluntad política e inversión. En su gran mayoría, los jueces y magistrados son personas honestas, preparadas y decididas, pero la carencia de recursos amenaza su autonomía y efectividad.

El panorama se agrava cuando el Ejecutivo empieza a influenciar directamente las altas cortes. Resulta inadmisible que el exabogado del actual presidente sea ahora magistrado, legitimando decisiones que desconocen el orden constitucional y el Estado de derecho. Colombia necesita menos complacencia y más institucionalidad.

Remate ¿Verdad? ¿Aplausos para el Ministro de Salud? Descaro atroz.