Suena fuerte decirlo, pero así debe ser. Salvo actuaciones delictivas debidamente comprobadas o noticias que sobrepasen las competencias propias de los jueces, las decisiones de los funcionarios judiciales en ejercicio de sus funciones no se controvierten en prensa ni en titulares para buscar rating, crear polémica, hacer política o simplemente por no compartirlas.

La libertad de prensa e información no es absoluta ni ilimitada. Nada lo debe ser.

Para entender el perjuicio que eso causa a nuestras instituciones, al país y en general a la sociedad, basta mirar lo que sucedió en el gobierno anterior, en el cual se trató, por todos los medios, de deslegitimar actuaciones judiciales cuando no se ajustaban a sus caprichos y conveniencias.

Las decisiones de los jueces soportan, de manera indeleble e insustituible, la división de las ramas del poder público y son las que sustentan el Estado de derecho con todas sus prerrogativas, obligaciones, deberes y derechos, así como sus instituciones.

No estoy diciendo, bajo ninguna circunstancia, que las decisiones judiciales sean perfectas o intocables; lo que sí estoy planteando, de manera clara e inequívoca, es que estas, en el ámbito del debido proceso y por ende del derecho, se controvierten a través de los mecanismos establecidos en la misma ley para hacerlo, no mediante titulares de prensa, no al amaño y conveniencia de las partes, del gobierno o del mandatario de turno. No, eso es desconocer la majestad e independencia de la justicia.

Desafortunadamente, se convirtió en una práctica común que los medios de comunicación, especialmente los radiales, y ni para qué mencionar las redes sociales, vuelvan materia de controversia y muchas veces de linchamiento las decisiones judiciales, ya sea porque no se ajustan a los intereses de un determinado grupo o para buscar noticia o titulares.

Esto es un error gravísimo que atenta contra todos: contra el Estado de derecho, contra la independencia de la misma prensa y de la rama judicial, contra el deber de suministrar información correcta y adecuada, contra la democracia y, especialmente, contra los pilares sobre los cuales se erige la justicia.

En un país como el nuestro, en el cual los jueces trabajan, literalmente, con las uñas por falta de recursos, exponiendo muchas veces su seguridad y su honra, entrar a controvertir decisiones judiciales con base en simples opiniones, fuera del procedimiento, pone, además de lo dicho, en riesgo y en entredicho la integridad de los funcionarios de la rama.

Incurrir en estas prácticas, como frecuentemente se observa, es tanto como entrar a cuestionar procedimientos propios de la medicina en un debate radial; es decir, constituye un escenario inoportuno, inadecuado, ineficaz y por demás inconveniente para todos.

Acá también debe haber un compromiso de quienes ejercemos el derecho, y especialmente de quienes lo hacen de manera mediática: poner a las partes y a los testigos a debatir al aire, a controvertir pruebas y a emitir conceptos y juicios de valor, por demás errados o parcializados en la mayoría de los casos, no constituye un ejercicio legítimo ni adecuado de la profesión.

Las cosas hay que decirlas como son. Es parte de la responsabilidad social que debemos tener todos: abogados, prensa y aun los funcionarios judiciales.

¿Control? ¡Claro! ¿Censura? También. ¿Desacuerdo? ¡Naturalmente! ¿Controversia? ¡Lógico! Pero todo dentro de los procedimientos y en los escenarios pertinentes.

Y aquí recalco una vez más la necesidad de fortalecer la rama judicial y de proteger a nuestros funcionarios dotándolos de recursos. Cuando hablo de recursos, me refiero a más personal, más dinero, tecnificación y capacitación, porque de nada sirve el actuar impecable de las Fuerzas Armadas si no hay un sistema judicial robusto.

Pero no pienso solamente en los delincuentes, en la Fiscalía y en la rama penal: se debe incluir también la jurisdicción civil, de familia y contencioso-administrativa, que constituyen el grueso del aparato judicial.

Si se fortaleciera la justicia, dejaría de existir tanta violencia y las diferencias no se arreglarían, como tristemente sucede muchas veces, a tiros. Es que lo civilizado son los procesos ante los jueces: cuando hay desacuerdos que no se solventan directamente, se acude a un tercero que resuelva de una manera profesional, independiente y autónoma, y ese tercero es la rama judicial.