Nos encontramos en una situación en la que se palpa, se ve, se evidencia una corrupción gubernamental sin precedentes, cada día más grave, latente y evidente; falta de ejecución del gasto, derroche de los dineros públicos en temas superfluos e innecesarios y sólo de conveniencia del gobierno, impunidad galopante, pero sobre todo una falta de voluntad política para buscar soluciones, para avanzar, para mejorar. Y lo más desconcertante es que el gobierno pretende cubrir su déficit y su pésima gestión imponiendo más cargas e impuestos a los empresarios y a todos nosotros los ciudadanos de a pie.

Colombia enfrenta un escenario de creciente presión tributaria que está poniendo a prueba la sostenibilidad financiera de las empresas y la planeación fiscal de sus contribuyentes. Desde la entrada en vigor de la Ley 2277 de 2022, cada nueva medida ha tenido como objetivo central aumentar el recaudo, incluso a costa de la estabilidad empresarial.

La lógica, la sin razón, detrás de esta política es clara: más impuestos para financiar más gasto público, sin atender verdaderamente a las causas del problema. Esto ha dejado y seguirá dejando con más fuerza, con el paso del tiempo, huella en los márgenes de rentabilidad, el flujo de caja, al estabilidad y la competitividad de diversos sectores productivos.

La práctica de la planeación tributaria, abanderada por abogados tributaritas y contadores, es cada día más desafiante. Desde 2023, las personas naturales asalariadas, contribuyentes del impuesto sobre la renta, han notado cómo su ingreso mensual y anual se ha visto afectado debido a mayores restricciones para acceder a beneficios tributarios. Basta con un simple ajuste, como la disminución del porcentaje de renta exenta o del límite general de rentas exentas y deducciones, para que el Gobierno Nacional haya logrado aumentar significativamente el recaudo.

Lo mismo sucede desde el 22 de febrero del presente año con la expedición del Decreto 175 de 2025 emitido en el marco de la conmoción interior por la situación de orden público en el Catatumbo que trajo la reactivación del Impuesto Nacional del Timbre. Este tributo se ha convertido en un impuesto adicional a considerar en cada suscripción de contratos o documentos donde se formalizan transacciones empresariales, situación que ha entorpecido los procesos y ha llevado a muchos contratantes a buscar otras diversas formas jurídicas.

No siendo poco, el pasado 28 de mayo de 2025, mediante la expedición del Decreto 572 de 2025, se modificaron las tarifas de retención y autorretención en la fuente, vigentes desde el 1° de junio de 2025. Esta medida claramente perjudicial busca incrementar el recaudo fiscal durante 2025, sacrificando parte del recaudo correspondiente al impuesto de renta del año gravable 2026. Como muchos lo han titulado, “una jugada desleal contra la planeación tributaria del país”, una aberración.

Este panorama no se reduce únicamente al interés del Gobierno de obtener mayores ingresos para financiar un presupuesto desfinanciado. Va más allá. El mismo Comité de la Regla Fiscal órgano encargado de mantener el equilibrio de las finanzas públicas, en su reporte de seguimiento fiscal con corte a mayo de 2025, permite concluir lo siguiente:

1. Alerta crítica por incumplimiento de la meta fiscal 2025: el recaudo neto está $0,9 billones por debajo de la meta, con un crecimiento nominal de apenas 1,5%, cuando se requiere un 22,4% para cumplir con los objetivos anuales.

2. Más de 33 % del recaudo se destina al pago de intereses de deuda: en marzo, 33,9% del recaudo tributario neto se utilizó para pagar intereses, frente a 25,2% del mismo periodo en 2024.

3. La caja del Estado está en mínimos históricos: a abril de 2025, la disponibilidad de caja en pesos se ubicó en solo $14 billones, lo que representa una caída de $17,4 billones respecto al promedio histórico para ese mes.

El panorama fiscal para Colombia no pinta nada bien. Por lo tanto, prepárese, tome medidas razonables y acompañe su estrategia empresarial de una correcta planeación tributaria. No pierda la oportunidad de ser eficiente en tiempos de crisis.

Remate. Desconoce al Congreso, reitera con sus actos la voluntad, sin límites, de imponer sus ideas y caprichos aún incendiando al país. Calma y mesura sí, pero connivencia con el actual Gobierno, no.