Si entendemos la minga como un colectivo para hacer trabajos beneficiosos para la comunidad, con fines de utilidad social, no deja a uno de sorprenderle observar cómo el actual gobierno se aprovecha de los indígenas y los manipula para promover lo que bien se podría llamar un terrorismo de Estado, definido este último como una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. La minga, en su esencia, no es mala; lo errado, lo doloso, es la forma como reúnen y aglutinan a los indígenas para promover insurrección y paros, por demás injustificados, y para violentar -por decirlo de manera suave- los derechos de la ciudadanía en general.

Bajo ninguna circunstancia pretendo descalificar la identidad cultural ni las necesidades de los pueblos indígenas. Lo que sí es altamente censurable, y raya -por no decir que sobrepasa- los límites del Código Penal, es la manera como estos pueblos son usados. ¿Cuál deuda ancestral? Si existe algún tipo de deuda con ellos, no es esta la forma de pagarles: utilizándolos, instrumentalizándolos impunemente, con fines políticos.

¿Por qué el gobierno no hace obras de infraestructura, de salud, de educación y de desarrollo para los indígenas, en vez de tenerlos sumidos en la pobreza y el olvido, y usarlos solo cuando los necesita para promover actos proselitistas, totalmente contrarios a la democracia y al derecho?

La ironía, el descaro y la combinación de todas las formas de lucha para promover sus ideales -gobierno y candidato- se evidencian en que gastan recursos de los colombianos, que bien podrían destinarse a suplir las necesidades de los más vulnerables, y los derrochan en una campaña que les dice a esos mismos grupos que les van a dar más, que les van a solucionar lo que nunca han querido realmente hacer, culpando al empresariado y a quienes tienen dinero bien habido. Peor aún: están empecinados en una política de odio y resentimiento, perpetuando diferencias para mantener el poder por el poder.

Acude el gobierno al camino de la división y del resentimiento; pero olvida que todos somos necesarios, todos debemos tener un espacio en la sociedad. No es incitándonos unos contra otros como se construye país, como lo hace Gustavo Petro y su candidato.

¿Hasta dónde llega el cinismo y el desprecio por las instituciones, cuando el mismo presidente hace proselitismo descarado y descalifica a diestra y siniestra a organismos como la Registraduría Nacional del Estado Civil, solo para arengar y crear zozobra?

Cada vez más este gobierno corre los límites, amaña sus interpretaciones sin importar líneas éticas, morales o legales, todo con un solo fin: perpetuarse en el poder. No es un tema de izquierda o derecha, ni de ricos o pobres; es un tema de convivencia dentro de un Estado de derecho, con un orden preestablecido en el que debemos construir hombro a hombro, reconociendo en los demás no a enemigos, sino a conciudadanos, dentro de una estructura en la que todos tenemos algo que aportar.

Son tantos los espectros desastrosos que sería innumerable repetirlos, pero uno me atormenta especialmente: ¿dónde está la lucha contra la corrupción por parte del poder ejecutivo? La respuesta es inevitable: en ninguna parte, porque no hay que ser un analista profundo para ver los escándalos inocultables promovidos incluso desde el mismo gobierno.

Ojalá los otros candidatos entiendan que, además de “desnudar” al gobierno, es necesario llegarle a la gente con un lenguaje claro, emocional, sencillo y contundente. Y uno se pregunta si a este gobierno se le puede aplicar aquello de que la diferencia entre un fanático y un ciego es que el ciego sí es consciente de que no ve. Ojalá fuera así de simple. Remate: gastos en maquillaje, ¡en películas!, y las Fuerzas Militares sin presupuesto.