Cada día es más complejo para los empresarios el mantener y sacar adelante sus emprendimientos, se mira al generador de empleos no como es, una fuente de riqueza, sino como un objetivo para extraerle recursos. Desde el 18 de junio de 2025, Colombia despierta con una noticia trascendental en el panorama legal. Apenas unas horas atrás, el Senado de la República aprobó en cuarto debate el texto de la denominada “Reforma Laboral”. Esto significa que el proyecto modificatorio está muy cerca de convertirse en ley de la República.

Este documento es para usted, empresario, porque será quien deberá asumir los incrementos en los sobrecostos que implican las principales modificaciones.

Los cambios propuestos apuntan al reconocimiento de nuevos derechos y garantías laborales, lo cual, en principio, resulta positivo. Sin embargo, también suponen un impacto significativo en la generación de empleo formal. Asumir los sobrecostos derivados de una contratación laboral legal representa, en Colombia, un esfuerzo casi titánico: prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, parafiscales, recargos por jornada laboral, entre otros. No es un dato menor que, en muchos casos, estos sobrecostos pueden representar más del 50 % adicional al salario de cada trabajador.

Con la reforma, el panorama no mejora. Se establecen nuevos recargos nocturnos desde las 7:00 p.m., aumentos progresivos en los recargos dominicales y festivos, reducción de la jornada laboral semanal, y se fija el contrato a término indefinido como la regla general. Todas estas medidas, aunque aparentemente loables desde una perspectiva social, representan cargas adicionales para los empleadores, que, sumadas a las nuevas imposiciones tributarias, atacan la fuente de la riqueza y de la economía, cual es la empresa.

Es cierto que la reforma persigue fines valiosos, como fomentar la equidad y la justicia social. En el papel suena bien: ¿quién podría oponerse a que los aprendices del Sena tengan un contrato laboral con todas las garantías o que las madres sustitutas estén formalmente vinculadas al Icbf? No obstante, la realidad es más compleja. Los esquemas de contratación en Colombia se han tornado cada vez más rígidos, incluso retrógrados, lo que empuja a los empresarios a tomar decisiones drásticas: reducción de personal, ofertas laborales con condiciones mínimas, automatización de procesos y adopción de inteligencia artificial para disminuir la dependencia de mano de obra. Esto, irónicamente, termina precarizando más la situación del trabajador.

Por fortuna, la actual reforma laboral no tocó aspectos críticos relacionados con la estructura de remuneración del trabajador, como los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo o el artículo 30 de la Ley 1393. Y decimos “por fortuna” porque allí radica una oportunidad.

Es posible implementar esquemas de remuneración flexible y eficiente. Existen alternativas para disminuir la carga de los aportes a seguridad social y parafiscales sin vulnerar la ley. Pensemos, por ejemplo, en programas de compensación no salarial, en planes de beneficios para el bienestar del trabajador, o en mecanismos legales de optimización tributaria que respalden su estrategia de vinculación de personal.

En definitiva, con una reforma laboral cada vez más cercana a su implementación, la innovación también debe estar en cómo se vincula el talento humano, en cómo se gestiona la eficiencia laboral y, por qué no, en cómo se alinean estas estrategias con incentivos fiscales existentes para la contratación de poblaciones vulnerables o prioritarias.

Remate. Bien por el Consejo de Estado en relación con el decreto de consulta popular. Hay que rodear a nuestros jueces frente al desconocimiento de le ley por parte del ejecutivo.