Nada se logrará sin un poder jurisdiccional nuevo y fortalecido. Atacar el delito, en todas sus formas y manifestaciones, sirve, pero sin recursos, tecnología, jueces y funcionarios suficientes, bien remunerados y capacitados, no pasará de ser discurso. Y no me refiero solamente a la justicia penal: es necesario fortalecer y modernizar toda la Rama Judicial. ¿Cómo hablar de justicia si un proceso judicial toma años en resolverse, si es que se logra una sentencia?

Luego de la muy merecida celebración, viene la resaca, el guayabo, la cruda que vamos a sufrir todos por los malos tragos que no nos tomamos: fueron Petro y sus cómplices en el gobierno. Tal como lo advertí en mi columna del 25 de julio de 2025, “Delinquir sí paga”, se confirma con los acuerdos con criminales y con el congelamiento de las Fuerzas Armadas, entre otros.

Ahora viene la destorcida. Así, literalmente. Y es necesario, como acertadamente lo ha dicho y prometido el presidente electo, irse de frente contra la corrupción, el mayor problema de nuestra sociedad, enquistada hasta el tuétano, pero no solo en el sector público, sino muchas veces con la complicidad y participación del sector privado. Atacar, sí, sin rodeos, a todo tipo de delincuencia, empezando por los delincuentes de cuello blanco, por los corruptos con los dineros públicos y por los violentos.

Pero todo lo anterior no pasará de ser un discurso, por demás deseado, mientras no se dé un ajuste real y concreto en la Rama Judicial. No con discursos, sino con aportes, actos y hechos tangibles. Esa es la verdadera revolución, el verdadero cambio. En ningún gobierno, que yo recuerde, ha habido realmente una decisión y la consecuente acción eficaz de fortalecer el aparato judicial en Colombia. Y no es que se necesiten más leyes o estudios profundos. Se necesita, para empezar, voluntad política y recursos: léase dinero, más personal, capacitación y tecnología. Así de claro.

Nuestros jueces, y he sido reiterativo en eso, salvo muy contadas excepciones, son profesionales, rectos, capaces, dedicados y entregados, lo mismo que todos los funcionarios de la Rama Judicial. Sin embargo, es física y humanamente imposible que puedan funcionar de manera adecuada con la congestión y las carencias que existen. Y no me refiero solo a la Fiscalía General de la Nación, que también requiere recursos y una reforma; apunto a todo el poder judicial.

La verdadera revolución, el verdadero pilar de un avance como sociedad, es fortalecer de manera concreta y tangible el sistema judicial. Claro, hay que hacer ciertas reformas legislativas para adecuar las normas: penas más duras, eliminación de beneficios, agilidad procesal, reasignación de funciones judiciales, simplificación de trámites, entre otros. Pero todo esto es y será siempre insuficiente si no se cuenta con los recursos suficientes. Es que el tema de la justicia no es solo jurídico. Es miope pensar que abarca únicamente conceptos jurídicos y procesales. No. Eso es absolutamente insuficiente.

Es la hora, es el momento y es la oportunidad para que se dé una verdadera revolución en la justicia. Todo está dado: un gobierno delincuencial que se va, que se paseó entre la ilegalidad, entre los ataques permanentes a la Rama Judicial, entre el desconocimiento y el ataque a la institucionalidad, pasando por el cinismo y la manipulación, y un nuevo comienzo con otro talante, afortunadamente, con un nuevo presidente, además abogado y conocedor del sistema judicial.

No más discursos vacíos. No más promesas incumplidas. Las soluciones que se prometen son las adecuadas, pero sin un sistema judicial modernizado y actualizado todo esto no pasará de ser un bálsamo, una aspirina para un cáncer. La aplicación de la justicia, el sometimiento de todos al imperio de la ley, la convivencia sana y, por tanto, el progreso adecuado solo se lograrán realmente cuando exista un poder judicial suficientemente fuerte, estructurado y, por tanto, eficaz.