Desde la Constitución del 86 hasta la del 91 era común que el país viviera en Estado de Sitio y los presidentes gobernaran por decreto, usurpando las funciones del legislativo. Esta forma de gobernar le otorgaba al presidente de turno un poder omnímodo, debilitando las instituciones democráticas y el sistema de pesos y contrapesos. Entre los grandes críticos de esa práctica estaban las guerrillas comunistas como el M-19 -grupo en el que militó Gustavo Petro-, que la catalogaban de ‘despótica y dictatorial’.

El hoy presidente Petro habiendo olvidado sus días de guerrillero y ante los reveses que recibió la legislatura pasada en temas como la reforma a la salud y de pensiones, entendió que iba a necesitar mucho más que mermelada para imponer su agenda socialista y estatizante en el país. En ese sentido ha decidido gobernar a ‘pupitrazo limpio’, lo que tanto criticaba cuando estaba en la oposición. Mucho menos le importa ya la necesidad de lograr consensos o lograr un gran acuerdo nacional, como insiste su escudera Laura Sarabia.

Cuentan con un arsenal de opciones administrativas para obligar a las empresas y a ciertos sectores de la economía nacional a marchar a su ritmo. Si no es a punta decretos, utilizarán el poder regulatorio y de vigilancia de las superintendencias para controlar ciertos sectores de la economía, aumentar trámites burocráticos, hacer auditorias e iniciar investigaciones a aquellas industrias o empresas que no se arrodillen a sus pretensiones.

Las carteras más representativas del discurso transformista como pueden ser Medio Ambiente, Salud, Minas y Energía, Defensa, Cultura y Hacienda, entre otras, ya empezaron a gobernar a decretazos, con el fin de acelerar su agenda. Son conscientes que los decretos ministeriales no tienen proceso de revisión constitucional automático y que las demandas de nulidad tardarían varios años por resolverse en el Consejo de Estado. Están dispuestos a saltarse el cumplimiento de las sentencias de la Corte, de ser necesario.

Un puñado de funcionarios formados en la revuelta social y cuyo modus operandi siempre han sido las vías de hecho, poco o nada le preocupan los parámetros de constitucionalidad o legalidad de sus actos administrativos. Su grado de improvisación e ineptitud para gobernar es total, como ha quedado demostrado. Así como su jefe se levanta enguayabado y ponen un tweet sin pensarlo dos veces, sus ministros están dispuestos a gobernar por decreto sin importarles los efectos que sus decisiones puedan llegar a tener en el sector de la economía que lideran, el desempleo que puedan llegar a causar o los impuestos que dejarían de percibir.

El riesgo que corren muchas empresas es que, una vez el gobierno se interesa por su industria, es poco o nada lo que el poder de lobby puede lograr para frenar el accionar caprichoso de nuestro presidente ausente. Ya lo vimos en temas como la dosis mínima, el uso del agua en la Guajira, la asfixia económica a las EPS, las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, la industria energética y muchos otros sectores a quienes ya traen en la mira.

Esto nos debe llevar a dos reflexiones. La primera, es la importancia de los pesos y contrapesos para asegurarnos que el país no termine como nuestros vecinos. La otra, es con qué tipo de garrote cuenta la Corte Constitucional para asegurarse que el gobierno cumpla con sus sentencias. De estos dos aspectos dependerá nuestro destino.