El anuncio de un nuevo proceso de paz con el ELN, el Clan del Golfo, el Pacto de la Picota y la Segunda Marquetalia, entre otros, es -una vez más- la claudicación y el fracaso de la justicia en Colombia. Según el senador Cepeda y los exfiscales Montealgre y Perdomo, llevamos 50 años combatiendo el narcotráfico y seguimos igual que en los 80. El mismo argumento se podría utilizar a la inversa. Llevamos 50 años haciendo procesos de paz y, como diría Jaime Garzón a través de su personaje ‘Emerson de Francisco’, y los narcos ahí.

El nuevo modelo de país que nos propone el Presidente electo va más allá del sistema cleptócrata o Estado Ladrón que gobierna al vecino país. No solo anuncia que va a usar el poder para quitarle la plata a la gente trabajadora y ejecutar su agenda progresista, sino que con la excusa de la ‘paz total’ va a implementar un sistema de impunidad que permita lavarle la cara a tanto malandro que existe en el país. Al igual que su socio Santos, usará la paz como excusa para aplicar el mecanismo del ‘fast-track’ -o gobernar por decreto-. Al paso que vamos, no habrá presupuesto ni curules ni ministerios suficientes para tanto delincuente reinsertado, disidente y reincidente.

Acudirán al mandato popular y sus pilares de amor, paz, seguridad alimentaria y transición energética -más la aplanadora en el Congreso- para pasar sus reformas más radicales sin escrutinio alguno. Con la tributaria, engordarán la marrana a costa de la estabilidad económica y la seguridad. Con la energética, controlarán las regalías mineras y petroleras. Con la agraria, forzarán la venta de tierras para poner fin a industrias como la ganadería, la caña, la palma, el banano y el arroz, sustento y arraigo cultural de muchas comunidades. Con el pretexto de suprimir los organismos de control -con lo cual muchos estamos de acuerdo-, pasarán una reforma política para callar a la oposición, suprimir el control político y cambiar las reglas de juego electoral. Y con la reestructuración de la Policía y las Fuerzas Armadas, buscarán acabar el Esmad y la Justicia Penal Militar, dándole una estocada final a la moral de la tropa. A cambio, crearán un sistema de seguridad indígena o comunitaria, similar a las milicias bolivarianas de Chávez o las brigadas en Cuba.

Si Colombia se convierte en una ‘cle-petro-cracia’ -como pronostico yo-, los hampones habrán ganado. Como vimos el pasado 20 de Julio, la turba está valentonada. Viviremos en un país donde los derechos de los guerrilleros, narcos, corruptos y demás delincuentes, primarán sobre los del colombiano responsable, honesto y trabajador. Pasaron de ser violadores, secuestradores, narcos y asesinos, a convertirse en dueños de la moral. La JEP y la Comisión de la Verdad ya les empezaron la tarea. Ahora desde el gobierno terminarán por reescribir la historia, pues la narrativa la imponen los vencedores.

En este nuevo proyecto de país que empieza el 7 de agosto, los que hoy están asesinando policías y militares serán premiados con el perdón social. Maduro será nuestro nuevo ‘viejo mejor amigo’. Las visitas de Estado serán donde Putin, Kim Jong-Un o el Ayatollah de turno. Roy repartirá el botín. Y Piedad será la encargada de renegociar el tratado de extradición con Estados Unidos.

Moraleja: el crimen sí paga.