La semana pasada se cumplió una de mis predicciones apocalípticas que hice en 2021 sobre el futuro del país -y que hasta la fecha muchos se habían resistido en creer- y es la intención de Petro de querer perpetuarse en el poder. He sostenido que, nadie dura más de 40 años tratando de subvertir las instituciones, para finalmente llegar al poder y marcharse después de cuatro años de un lánguido gobierno. Después de una votación irregular en el Senado, donde el presidente de la corporación Efraín Cepeda pecó de inocente -para no pensar mal-, se eligió como Magistrado de la Corte Constitucional al abogado Miguel Polo, postulado por el Consejo de Estado, pero que a todas luces era la apuesta del gobierno. Independiente de las calidades profesionales del nuevo togado, el asunto es grave, en la medida que el gobierno garantizó su mayoría en el alto tribunal para el próximo año.

Siempre intuí, que si un político curtido y con colmillo como Juan Fernando Cristo se subía al Titanic cuando los músicos empezaban a tocar, es porque tenía claro que existía un salvavidas escondido para salvarse de esta debacle de gobierno.

Pero para entender el riesgo que esto representa, la Corte Constitucional es el tribunal de cierre. Es decir, el encargado de garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, de ejercer el control de constitucionalidad de actos legislativos, leyes estatutarias y decretos de emergencia que expida el gobierno bajo los estados de excepción, y de asegurar que cualquier intento de reforma a la Carta Magna cumpla con los requisitos establecidos. En un país sin “checks & balances”, esta magistratura es la llamada a evitar que el ejecutivo tenga el poder absoluto para transformarse en una dictadura democrática, como lo logran hoy en día los autócratas de turno.

Los colombianos crecimos con un romanticismo idiota creyendo que gozábamos de instituciones fuertes. La realidad es que, desde la Constitución del 91, nuestras ramas del poder público dejaron de ser ese olimpo de la democracia y defensores del imperio de la ley, como lo habían sido hasta el holocausto del Palacio de Justicia perpetrado por el M-19, grupo al que orgullosamente pertenece y defiende el señor Presidente.

Nuestras altas Cortes se convirtieron en un jugador más de la alta politiquería colombiana. Al igual que el Congreso, las ‘ías” y los entes territoriales, están compuestas o lideradas en su mayoría, por extorsionistas profesionales. Magos en el arte del clientelismo, el trueque burocrático, el malgasto público y el CVY (como voy yo). Entienden que sus decisiones tienen un valor superlativo en la coyuntura actual y apelaran a la tan ‘perrateada’ paz, para justificar sus decisiones.

Utilizarán el -famoso e ilegítimo- ‘Acuerdo de la Habana’ para taparse todos con la misma cobija. Esa colcha de retazos que desde el 91 se ha prestado para reformar la Constitución como cambiarse de calzoncillos. Aprendieron que con el famoso ‘fast track’ pueden recortar los tiempos, saltarse los controles de constitucionalidad y hacer los cambios que quieran para perpetuarse en el poder hasta el 2038, como lo anunció el gobierno la semana pasada.

El botín es muy grande para perderlo y por eso necesitaban asegurar la mayoría en la Corte Constitucional. Y lo están logrando.