Uno de los grandes triunfos de la guerrilla ha sido controlar la narrativa y utilizar a los miembros del gobierno anterior como defensores de oficio. Al mejor estilo del realismo mágico, a través de la JEP pretenden hacer un juicio político a la clase dirigente colombiana, imitando lo que el M-19 pretendió hacer con Betancur cuando la toma del Palacio de Justicia. Para rematar la faena, conseguirán que el nuevo gobierno progresista en Estados Unidos declare perdida la guerra contra las drogas; lograrán equiparar los falsos positivos con los delitos cometidos por la guerrilla; y terminaran por judicializar al expresidente Uribe y algunos representantes de la clase empresarial.

En el tema del narcotráfico, ‘coronaron’ antes de la firma del acuerdo en La Habana. Empezaron obteniendo la anuencia del comité negociador que su participación en el tráfico de drogas era conexa al delito político. A renglón seguido, lograron que nuestro laureado ministro de Salud Pública de le época -y posible candidato presidencial por la alianza Santos-Samper-Galán-Timochenko- acogiera las recomendaciones de la OMS y ordenara la suspensión de la aspersión aérea. Los carteles mexicanos, el ELN y las ‘mal llamadas’ disidencias de las Farc, interpretaron esta señal como la claudicación del Tío Sam de la llamada ‘guerra contra las drogas’, abriendo el boquete al incremento exponencial de cultivos ilícitos en el territorio nacional y convirtiéndose en la principal causa del asesinato de líderes sociales en todo el país.

La cereza en el pastel, que la administración Biden anuncie ante las Naciones Unidas la necesidad de legalizar las drogas, aceptando ante el mundo el fracaso de su política de lucha contra las drogas y proponiendo como solución mágica, un nuevo enfoque de salud pública. En el entretanto, se les otorgará patente de corzo a los grupos criminales para que se sigan beneficiando de tan lucrativo negocio sin la presión de la fuerza pública y controlando los territorios a su antojo.

En materia de derechos humanos, entendieron que era indispensable deslegitimar el uso de la fuerza pública para justificar sus atrocidades. Por eso fue necesario que le JEP anunciara el número mágico de 6.402 falsos positivos. El tribunal, en vez de investigar y documentar los campos de concentración de secuestrados; la desaparición de personas cuyos cuerpos sus familias nunca podrán reclamar; el abuso sexual de niñas y niños guerrilleros en manos de los jefes de las Farc; el reclutamiento de menores para ser utilizados como escudos humanos; o los ataques a poblaciones con cilindros, burros y collares bombas; se han dedicado a investigar los abusos cometidos por militares y policías con el único objetivo de demostrar que era una política de gobierno. Su más reciente diatriba en este sentido, acusar al Presidente Duque del asesinato de niños a través de los bombardeos de la fuerza pública.

Pero como si lo anterior fuera poco, aún les queda pendiente su tarea más importante: judicializar al expresidente Uribe. Como no le han podido probar su participación en la creación de grupos paramilitares y el burdo montaje en la Corte se les derrumbo, buscarán cualquier otro tema para asegurar su cabeza, pues como en la antigua Grecia, no hay victoria completa sin trofeo.