La fuga de Santrich es la crónica de una muerte anunciada, en la que los únicos que no quisieron creer eran las personas que podían hacer cumplir la ley y los acuerdos de paz. Los magistrados de la JEP y de la Corte Suprema -en vez de aprovechar la oportunidad histórica de salir en defensa de los Acuerdos y dar un ejemplo al país autorizando la extradición de un narcotraficante reincidente- prefirieron pasar por inocentes y dejar en libertad a un delincuente, que en otra época lo hubiéramos montado en un avión la misma noche de su captura.
Da vergüenza la manera que las Cortes se prestaron de cómplices en contravía de las decisiones de la Fiscalía para permitir que este personaje se fugara. Dejamos que los tinterillos de la izquierda -que defiende a este tipo de delincuentes- montaran un show como el que armaron y nuestros magistrados fueron tan ingenuos que se lo creyeron.
La extradición es una figura que por décadas utilizamos para pelear la guerra más compleja. Desde sus inicios, los narcos sostuvieron que preferían una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Vivimos la época del sicariato y el narcoterrorismo, y muchas héroes y personas inocentes murieron como consecuencia de defender la extradición.
No entiendo a quienes salen a decir que haber extraditado a Santrich -cuando se le capturó por cometer delitos después de la firma de los acuerdos- era desconocer la institucionalidad. Muy por el contrario, la extradición es una institución dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que nos permitió derrotar a algunos de los delincuentes más temidos. No aplicarla fue darle la espalda a la institucionalidad y a una historia de cuatro décadas de construcción de capacidad institucional.
Con su decisión pusieron en riesgo la credibilidad y el sentido mismo de lo acordado en La Habana. Quedó comprobado que todo era una farsa para garantizar la impunidad de los máximos dirigentes de las Farc y una patente de corso para seguir delinquiendo y traficando. El mayor gol que nos dejamos meter fue el capítulo del narcotráfico, razón por la que el país nuevamente está inundado en coca y las economías ilegales volvieron a florecer.
Si en verdad queremos alcanzar algún día una paz sostenible y duradera, tenemos que sacarle el oxígeno a las economías ilegales. No podemos quitar el pie del acelerador y tenemos que seguir utilizando todo nuestro arsenal judicial de una manera ágil y oportuna para perseguir sus fortunas, sus familiares y todos los que se benefician directamente o indirectamente de la actividad del narcotráfico.
Dejemos de ser tan idealistas y seamos pragmáticos al momento de lidiar con el crimen organizado. Los guerrilleros hace varias décadas dejaron de luchar por una causa política y se convirtieron en narcotraficantes. Como sociedad -y sin todos estar de acuerdo- ya les firmamos el mejor acuerdo posible (pero para ellos). No sigamos con el sofisma de la paz y busquemos unos acuerdos básicos entre derecha e izquierda, defensores del Sí y del No, que nos permitan alcanzar una verdadera paz.
“Señores magistrados”: si hay que investigar, capturar, extraditar, fumigar, extinguir y perseguir sus activos donde y en manos de quienes los tengan, es nuestro deber hacerlo.
La ley es para aplicarla.