La información que se viene destapando sobre las conductas criminales que involucran a varias personas del círculo de confianza de Petro no es por pura coincidencia. Las ratas están saltando del barco. La última vez que el país vivió algo similar fue bajo la presidencia de Ernesto Samper y el famoso proceso 8.000.

En su momento, estuvimos a un paso de convertirnos en un narcoestado. Lo que queda al descubierto con las acusaciones de Eva Ferrer sobre la ex primera dama, el cinismo de los miembros del Secretariado en las audiencias reservadas ante la JEP, que valientemente ha hecho públicas la senadora María Clara Posada, o el cruce de chats de quienes se robaron la Ungrd, que enlodan al magistrado Vladimir Fernández, es la muestra de que nos gobernaba un narcoestado y no queríamos aceptarlo.

Pero esta degradación institucional no surgió de la noche a la mañana. El ambiente de cinismo, impunidad y falta de integridad institucional es el resultado de la paz de Santos, que lo único que logró fue lavarles la cara a los criminales y convertir al Estado en un auspiciador del narcotráfico. Quienes sigan creyendo que las intenciones del entonces gobernante eran loables lo hacen porque son idiotas o cómplices de su maquiavélico plan.

A sabiendas de que los miembros del Secretariado nunca iban a firmar un acuerdo que los enviara a prisión, se aseguraron de crear un tribunal que les permitiera condenar a quienes los combatieron, mientras a puerta cerrada se reían de las víctimas y reescribían la historia.

Un tribunal hecho por capricho y a la medida de las Farc. Si los defensores de la paz de Santos hubiesen sido honestos moral e intelectualmente con el país, habría sido más fácil, y más económico, impulsar una ley de perdón y olvido, una amnistía o un indulto, y no ese adefesio de la JEP con la excusa de justicia, verdad y reparación.

Lo que nadie se atreve a señalar es que con la firma del acuerdo, y el desconocimiento del resultado en el plebiscito, Santos y las Farc le dieron un golpe de Estado al país y, en particular, a la Rama Judicial. Reformaron la Constitución por medio de los decretos del ‘fast track’ y crearon una burocracia paralela, hoy difícil de desmontar y liquidar.

Han pasado 10 años y se han invertido billones, pero seguimos sin paz, justicia, verdad ni reparación.

Por eso, en la derecha no podemos claudicar. Aunque se logró una victoria en las pasadas elecciones presidenciales, la tarea no está terminada. Es crítico que el nuevo gobierno no pierda el norte peleando con los propios y mueva todo su andamiaje político y social para darle santa sepultura a la JEP y, de paso, al Acuerdo de Paz. Es prioritario recuperar la magistratura de la justicia, si en verdad queremos paz y prosperidad.

Tenemos una oportunidad única, con el apoyo de Estados Unidos, de recuperar el país y asegurar la paz por medio de la seguridad y el imperio de la ley.

Pero si seguimos permitiendo que los corruptos se nos burlen en la cara, bailen y viajen con los recursos que se robaron, y sigan al acecho como aves de carroña amenazando con la protesta social, no habrá sociedad ni bolsillo que aguante. Llegó el momento de mostrarles a los hampones, a los corruptos, a los ineptos y a los desadaptados de izquierda que los colombianos somos generosos, pero no pendejos.