Estamos próximos a un fallo en el proceso contra el presidente Uribe que va a determinar si en Colombia la justicia es independiente y actúa con base en la ley y las pruebas, o si por el contrario es controlada por la izquierda para llevar a cabo el asesinato moral del principal líder de la oposición. Un caso judicial donde lo único que se ha podido demostrar es la falta de credibilidad del testigo estrella de la Fiscalía y el doble estándar de la administración de justicia. Para la Fiscal del caso, está bien que Iván Cepeda y Piedad Córdoba visitaran cárceles en Estados Unidos, buscando testimonios y ofreciendo beneficios a quienes incriminaran al presidente Uribe, pero les resulta inaceptable que su equipo de defensa hablara con estos mismos personajes para que expusieran su versión de los hechos.

La pregunta que hoy la gran mayoría de colombianos nos hacemos es, ¿está la justicia politizada? ¿se ha convertido en un arma para atacar detractores y defender el régimen de turno? ¿está la fiscalía al servicio del presidente y sus aliados de izquierda? ¿por qué en algunos casos, como el de Nicolás Petro o el de la financiación ilegal de la campaña, los procesos no avanzan, y en otros son super eficientes? Una cantidad de interrogantes que hacen que cada día los colombianos confiemos menos en la administración de justicia -uno de los pilares fundamentales del contrato social-.

Para el común de la gente es difícil entender por qué nunca hay un resultado definitivo, ya sea para archivar, absolver o condenar. Por ejemplo, los que estamos en la oposición, no comprendemos cómo, con la cantidad de evidencia que ha salido a la luz pública relacionada con el escándalo de corrupción de la Ungrd, solo hay un par de funcionarios de segundo nivel tras las rejas con principio de oportunidad. Poco o nada sabemos de los autores intelectuales del caso más grande por corrupción dirigida desde Presidencia que haya ocurrido en Colombia.

Cuando el expresidente Uribe terminó su mandato, en menos de lo que canta un gallo ya había varios ministros tras las rejas. Sabas y Palacio por la ‘yidispolítica’; Mario Uribe y otros congresistas por el Acuerdo de Ralito; Andrés Felipe Arias condenado a 17 años de cárcel por Agro Ingreso Seguro; Santiago Uribe, hermano del presidente, sindicado de ser el creador del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles; y el expresidente Uribe acusado de lo divino y lo humano, desde promover grupos paramilitares en Antioquia a ser el determinador de los falsos positivos en su gobierno. Ha sido el presidente más investigado en la historia y nunca le han podido probar nada.

Desafortunadamente, Daniel Coronell e Iván Cepeda no descansarán hasta verlos tras las rejas y acabar con su legado. Hoy están aliados con los antiguos líderes paramilitares -como Mancuso y el Clan Gnecco por mencionar algunos- en su cruzada judicial de llevar a Uribe a su muerte política y moral, así sea por un delito insulso y sin precedente. Es tal la farsa, que inclusive contradictores jurados de Uribe como Felipe Zuleta, salieron esta semana aceptando que en ese proceso no existe mérito alguno para condenarlo.

Pronto sabremos si el expresidente Uribe es el primer preso político del régimen, o si los colombianos podemos seguir confiando en nuestras instituciones.