En el mundo se viene gestando un movimiento que busca negar la historia, destruir estatuas, acabar con el honor de nuestros próceres, y juzgar a nuestros líderes bajo los criterios éticos, morales y progresistas de hoy. Al igual que ‘el negacionismo’ que ha pretendido desconocer la existencia del holocausto y el genocidio de más de seis millones de judíos, en Colombia hay un silencio soterrado sobre las atrocidades cometidas por la guerrilla, al tiempo que acusan de genocidas a quienes trataron de instaurar la ley y el orden en el país.

La semana pasada salieron en manada a atacar al exministro Pinzón, por twittear lo que muchos pensamos, pero nadie se atreve a decir abiertamente: que la Comisión de la Verdad tiene una visión sesgada del conflicto. No se demoraron en salir líderes de opinión y el mismo Padre De Roux a exigir que se retracte. Nadie desconoce las cualidades éticas y profesionales del Padre, pero tampoco se puede desconocer la orilla ideológica en la que está parado. En vez de exigir respeto, deberían ganarse la legitimidad ampliando su representatividad no solo en la Comisión de la Verdad, sino en la JEP y en las Altas Cortes.

Salió del destierro el exfiscal Montealegre con una diatriba de acusaciones irresponsable que sorprenden, viniendo de una persona que comandó el ente investigador y que durante su mandato nunca hizo tales aseveraciones. Ya nos acostumbramos a que cada semana salen con los mismos refritos en contra del expresidente Uribe y no serán felices hasta no verlo en una cárcel.

Para este grupo de opinión, en Colombia no existió una guerra de guerrillas o un conflicto armado, sino una campaña de exterminio liderada por las elites sociales, terratenientes y las Fuerzas Armadas en contubernio con los paramilitares, para acabar con un puñado de revolucionarios idealistas y proteger el statu quo. Para ellos, el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, el terrorismo, los cilindros bomba y los campos de concentración en la selva son un espejismo creado por la clase dirigente para desprestigiar al enemigo, y los delitos atroces fueron exclusivamente por razones de necesidad y en conexidad con el delito político.

Pero tienen una memoria selectiva de la historia de Colombia. Las violaciones de derechos humanos, la financiación de grupos al margen de la ley, las chuzadas de periodistas y opositores políticos y el asesinato de líderes sociales, al parecer solo ocurrieron entre 2002 y 2010, así como en “la época de la Gobernación de Antioquia”. Según su narrativa, los únicos responsables de lo que ocurrió en Colombia en los últimos 60 años fueron Uribe y sus más cercanos colaboradores. Eso sí, sin incluir a su ministro de Defensa, obviamente.

No se les escucha mencionar por ningún lado los nombres de Gaviria y mucho menos de Samper, gobiernos donde se gestó y creció el fenómeno paramilitar en Colombia. No salen en la defensa de las víctimas de las Farc, el reclutamiento de menores, o la violación de mujeres en sus filas. Mucho menos ha exigir que los líderes guerrilleros -que hoy gozan de sus curules en el Congreso- respondan ante la JEP.

Si queremos paz tenemos que ser consecuentes. O exigimos justicia y reparación para todas las víctimas del conflicto armado, o no la exijamos para nadie.