La mayoría de los colombianos hemos sido testigos en primera fila de la debacle del primer gobierno de izquierda en el país y de los escándalos de corrupción que involucran al círculo más cercano del Presidente. Es incomprensible que la Fiscalía no haya sido capaz de imputar a los responsables en los tres casos insignias de este gobierno. A pesar de algunos discursos histriónicos por parte del fiscal Barbosa, poco o nada se ha logrado hasta el momento en materia judicial.

Sin querer queriendo -como diría el Chavo- el gobierno Petro implotó hace poco más de un año. Primero fueron las denuncias de la exesposa de Nicolas Petro por el ingreso de dineros irregulares a la campaña. Luego los medios destaparon la pelea de verduleras entre Armando Benedetti y Laura Sarabia por el robo de unos maletines con dinero en efectivo provenientes de Venezuela.

Después vinieron los señalamientos por violación de los topes de campaña y los primeros escándalos de corrupción en cabeza de uno de sus más fieles alfiles, Ricardo Roa, hoy presidente de la empresa más importante del país.

Las acusaciones a Nicolas Petro, es cómo si nos hubieran servido un balón en la raya de gol y la Fiscalía se lo comió. Por precoces -o por un acto de habilidad procesal de los estrategas del presidente- se negoció un acuerdo de colaboración con el ente acusador que le permitió obtener su libertad. Una vez fuera, no tardaron en reunir al joven díscolo con ‘el padre que no lo crió’, y éste se patreaseó argumentando constreñimiento. La actuación de la Fiscalía fue un poco ingenua, permitió que deslegitimaran el acervo probatorio y puso a la testigo estrella en situación de total indefensión.

El caso de Laura y Armando nunca arrancó, a pesar de los audios soeces que todos escuchamos. Después del interrogatorio intimidante a la niñera-courier por miembros del equipo de protección del presidente, vino el supuesto suicidio de uno de los testigos en situaciones extrañas. Del Rio Malo, rápidamente logró lavar los trapos sucios en casa. Obligó a que los niños hicieran las paces, los reintegraron al gobierno y se aseguraron de que no quedará ni una gota de evidencia que pusiera en aprietos a los inquilinos de ‘Nari’.

El caso de Roa no sería diferente, si no se tratará del encargado de custodiar la gallina de los huevos de oro. Y aunque de los tres casos parece ser el más contundente en materia probatoria, el supuesto delito que se le imputa, lo han cometido todas las campañas desde que tengo uso de razón. Pero como Al Capone cayó por evasión de impuestos, quién quita que el caso de Roa sea el eslabón más débil de la cadena.

Al final, el fiscal Barbosa tuvo en sus manos un ‘papayazo’ y no supo aprovecharlo. Desde el Proceso 8.000, nunca hubo tantas pruebas que pusieran en aprietos directamente a un presidente. Al igual que Samper, Petro ha logrado mover la discusión jurídica al campo político, haciendo creer a un sector de la opinión -nacional e internacional- que se trata de una cacería de brujas liderada por un funcionario al servicio de la oposición.

Mi pregunta, ahora que ya no está Barbosa es, ¿a quien le tienen miedo en la Fiscalía? ¿Al presidente, a jueces y magistrados, a la protesta social, a los dueños de la Paz Total, a los organismos internacionales? Ojalá a Mancera, en el poco tiempo al mando que le queda, no le tiemble la mano para actuar.