Uno de los principales retos del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella será recuperar la seguridad y restablecer la confianza inversionista. Su estrategia, recogida en el Plan Patriota, propone una ofensiva militar conjunta con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, recuperar el control territorial y desmantelar más de 700 estructuras criminales. También prevé la designación de varios de estos grupos como organizaciones terroristas extranjeras, o FTO por sus siglas en inglés. De forma complementaria, el ministro del Interior propone un Estatuto Antiterrorista inspirado en la legislación estadounidense, con herramientas legales para neutralizar militarmente a quienes se nieguen a someterse a la justicia.

Pero esta nueva guerra apenas comienza. La solución no puede ser únicamente militar ni depender solo de Washington. El paro armado de la semana pasada en Santa Marta demostró que estas organizaciones no se quedarán cruzadas de brazos. Su control político y territorial en muchas regiones es producto del fortalecimiento que alcanzaron durante los cuatro años del gobierno Petro y su política de Paz Total. El ataque al tren de carga de Cerrejón es tan solo una pequeña muestra del daño que pueden causar a la infraestructura y al aparato productivo en sus zonas de influencia. Además, ante una posible crisis energética agravada por las políticas ambientalistas de la administración anterior y el fenómeno de El Niño, un ataque contra infraestructura crítica podría poner en jaque al país.

Recuperar el control territorial por la vía militar es prioritario, y dar de baja a algunos cabecillas envía el mensaje correcto. Sin embargo, es aún más urgente reconstruir el aparato de inteligencia del Estado con tecnología de última generación. Solo así será posible atacar las economías ilegales -y también las legales- que sostienen al narcotráfico, debilitar sus estructuras y romper el yugo que imponen sobre la población. Hoy más que nunca, la guerra es multimodal y se libra en varios frentes.

Además del apoyo del Departamento de Defensa, Colombia debe recuperar la confianza de las agencias de inteligencia estadounidenses para desmantelar las redes criminales en el exterior. También necesita acuerdos eficaces con los departamentos de Justicia, del Tesoro y de Estado, que fortalezcan la cooperación judicial, aceleren las extradiciones y aseguren que las designaciones de la Ofac y la revocatoria de visas alcancen a testaferros, facilitadores y aliados financieros.

Agradezco la generosidad de míster Trump con el Tigre, pero Colombia no puede poner todos los huevos en una sola canasta. Es indispensable reconstruir una agenda bipartidista que permita pensar en el largo plazo. Estoy seguro de que la embajadora Araujo lo entiende y trabaja para recomponer la relación con senadores, congresistas y sus ‘staffers’ en ambos partidos. Desafortunadamente, si la guerra en Irán se intensifica, es posible que los recursos destinados a combatir el narcoterrorismo en Colombia y América Latina terminen desviándose hacia Medio Oriente.

Por eso, los colombianos debemos apoyar al presidente en esta batalla y entender que vendrán más momentos difíciles. Estados Unidos puede brindarnos una mano, pero ganar la guerra y derrotar este flagelo es responsabilidad nuestra. Esta oportunidad quizá no vuelva a presentarse.