‘Wikileaks’, el portal fundado por el controversial Julian Assange, no solo ha influido en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, sino que ha expuesto una cantidad de información del gobierno americano que a diario periodistas utilizan para sus columnas y reportajes con efectos demoledores. Una reciente columna que muestra la deslealtad del líder de la oposición con algunos de sus copartidarios me generó la pregunta, cuándo es correcto utilizar información privilegiada sabiendo que fue obtenida ilegalmente.

Mi respuesta como abogado e investigador es, nunca.

Hay quienes tratan de justificar su uso por razones de transparencia o el derecho de la gente a estar informada, pero el problema al igual que con los Panama Papers y otras fuentes similares producto de filtraciones ilegales, es que su origen esta viciado.

Los medios americanos obsesionados con la conducta del presidente Trump, han sentenciado que el entonces candidato no debió haber utilizado la información sobre su contrincante sabiendo de donde provenía. Para ellos, la vara ética de la persona que oscila el máximo cargo de la nación debería ser inmaculada.

Pero no aplican este mismo rasero cuando de ellos se trata.

Esto que se tiende a justificar con figuras públicas, muchas veces también esta dirigido a empresarios o ciudadanos de a pie. Sus nombres son expuestos por estar asociados a conductas que se presumen ilegales, como ser mencionado en los Panama Papers, los cables de la embajada americana o producto de un chuzada ilegal, afectando así su reputación y buen nombre.

En el mundo profesional en el que me desenvuelvo, la información obtenida a través de Wikileaks o de cualquier otro portal que expone información producto de hackers, chuzadas o filtraciones ilegales, no serviría como medio de prueba y el receptor de la información quedaría expuesto legalmente.

El rigor jurídico nos exige poder demostrar ante el juez o la autoridad competente que la información o prueba documental se obtuvo legalmente y cumple con las reglas de evidencia de la respectiva jurisdicción. Este principio fundamental de las investigaciones judiciales no solo es indispensable para los abogados y clientes que nos contratan, sino debería serlo para cualquier profesional cuya actividad esté relacionada con recopilar información difícil de obtener para ser expuesta ante la opinión pública.

El receptor de la información siempre debería peguntarse de dónde viene la información, por qué me la están revelando, qué intereses tiene la persona que me la entrega, y qué impacto puede llegar a tener.

En mi profesión siempre existe el reto de obtener información crítica para nuestros clientes de manera oportuna y legal. Las épocas del todo vale ya no existen. Hoy el mundo es diferente y bajo nuestro régimen constitucional, toda persona tiene derecho a una legítima defensa y sus derechos fundamentales deben ser respetados y punto.

El estándar ético respecto de usar información privilegiada debería ser el mismo para presidentes, funcionarios públicos, líderes de opinión, y periodistas, pero más aún para aquellos que viven de señalar a otros de actuar de manera indebida.

El fin no debería justificar los medios.