Han transcurrido dos meses desde que el presidente Santos firmara el decreto 327 de 2015 nombrando a los miembros de la Comisión de Expertos en materia tributaria. Si bien las funciones de la Comisión o su reglamento no se conocen, lo que sí es claro es que la Comisión será clausurada el 25 de diciembre,  fecha en la cual deberá presentar un informe final.

Es tal el hermetismo de la Comisión que no ha tenido encuentros con el sector privado o con los gremios y cualquier sugerencia en la búsqueda de un mejor Estatuto Tributario solamente será posible hacerla a través de la página web de Fedesarrollo, entidad que ejerce la secretaría técnica. La página ya debe haber colapsado.

Y es que el Estatuto Tributario es uno de los grandes responsables de que Colombia sea poco competitiva, corrupta y con un ambiente desfavorable para los negocios. Personalmente me imagino a los 9 comisionados, como si observaran una pintura de Jackson Pollock, tratando de desenmarañar el galimatías jurídico en que se ha convertido nuestro sistema impositivo.

Su reforma es urgente. Por ello se ha dicho de manera insistente en que se necesita una reforma estructural que dinamice la inversión, acabe con las inequidades y sea progresiva. En medio de las opiniones de analistas y consultores, estos son los lugares comunes, los cuales coinciden en que hay que aumentar el recaudo, dejar de gravar tanto a las empresas y gravar a las personas y buscar nuevos impuestos o incrementar los vigentes.

Definitivamente en este debate ha estado ausente el sector agropecuario. El sistema tributario actual es altamente inequitativo con las empresas del campo encargadas de proveer la seguridad alimentaria a los colombianos. En el caso del sector avícola, que cuenta con empresas formales en todos sus encadenamientos, la carga tributaria se acerca a 60%. En un escenario de economía abierta como el actual, esta carga se convierte en una factor negativo para la competitividad de los avicultores y para aquellos otros sectores que en menor o mayor medida compiten con las importaciones y que no gozan de materias primas locales para producir sus bienes finales.

Para el caso de la avicultura mas de 70% de los costos provienen de materias primas importadas como el maíz, el sorgo y la soya. A ello se suma la fuerte depreciación del peso y la carga tributaria. Esto genera espacios para que los competidores internaciones tengan mas ventajas en nuestro mercado, pues su carga tributaria es inferior en 20 puntos y sus costos son más bajos en al menos un 25%.

El campo colombiano no puede tener la misma estructura tributaria que tienen otros sectores. La condiciones competitivas son inferiores en comparación con el sector financiero o el industrial, pues existe una brecha enorme en cuanto a la provisión de bienes públicos como la infraestructura, telecomunicaciones e incluso la seguridad. 

Por eso una propuesta para la Comisión es considerar una tasa de impuesto de renta diferencial para el sector agropecuario. Esto jalonaría a inversión y la generación de riqueza en el campo, fomentaría el empleo y ayudaría a construir una oferta de alimentos adicional, una vez se resuelvan los conflictos de tierras, en la altillanura. De cara al posconflicto, más que proyectos asistencialistas, se necesitan incentivos para la inversión en el campo y estos tendrán que venir de la mano de la provisión de bienes públicos y de una estructura tributaria que le permita a los proyectos agroempresariales salir a competir a los mercados internacionales.