En diciembre de 2014, cuando el dólar en Colombia se acercaba a los $2400, Fenavi advirtió que la devaluación del peso colombiano afectaría los costos de producción del sector en 2015, especialmente en el segundo semestre cuando se activara el arancel del maíz procedente de Estados Unidos. También advertimos en su momento que por cada $100 de devaluación los costos de producción de la avicultura se subirían hasta en 5 puntos porcentuales.

Al momento de escribir esta nota, el Dólar merodeaba la barrera de los $3000 después de superar los $3100 y es probable que siga su tendencia alcista mientras existan rumores de una posible alza en la tasas de interés en los Estados Unidos, si el precio del petróleo sigue cayendo y si la economía china se sigue desacelerando.

La producción de alimentos en Colombia y en especial la que proviene de los sectores pecuarios, depende en buena medida de las importaciones de cereales forrajeros para la elaboración del alimento balanceado para animales. Estos cereales han tenido históricamente una insuficiencia estructural en la oferta y por mas esfuerzos que se hagan en la sustitución de sus importaciones, como lo ha venido proponiendo el Ministerio de Agricultura recientemente, será imposible producir la cantidad de granos que necesita el país.

Recordemos además que en el TLC con los Estados Unidos, el maíz amarillo quedó sometido a una cuota de importación sin aranceles con un crecimiento anual del volumen de 5% y una desgravación del arancel extracuota que lo llevará a cero y el cupo ilimitado en el 2023.  Para este año el contingente es de 2.431.000 toneladas y el  arancel por fuera de éste de 16.7%.

Como una solución temporal y compensatoria a la devaluación, Fenavi propuso la eliminación del arancel del maíz amarillo para lo que resta de este año. A esta solicitud, aún sin respuesta por parte del Gobierno, se hizo una nueva en donde se unieron la totalidad de los importadores de maíz precisando la rebaja arancelaria para un monto cercano a 1.200.000 toneladas del cereal.

Le hemos oído decir al Ministro Iragorri que los avicultores nos beneficiamos por mucho tiempo del período de revaluación y que pudimos contar con materias primas mas económicas. Ese diagnóstico no es del todo correcto y deja en el aire la sensación de que los avicultores fuimos los únicos que nos beneficiamos, sin contemplar que los consumidores pudieron acceder a precios muy favorables para el pollo y el huevo. Incluso registrando inflaciones negativas para ambos productos.

Es pertinente mencionar que cuando se presentó la depreciación del dólar, los precios del maíz llegaron a sus máximos históricos,  superando los 330 dólares por tonelada en julio de 2012 y manteniéndose por encima de los 300 dólares por espacio de un año.  Pero como suele suceder en los cultivos transitorios, las épocas de buenos precios no son aprovechadas para aumentar las eficiencias y volverse mas productivos.

Nuestra solicitud de eliminación de aranceles ha tenido toda clase de reacciones. Desde caricaturescas como la de un exnegociador agrícola del TLC con Estados Unidos que en un acto de contrición por haber entregado el maíz en dicho acuerdo, comparó nuestra solicitud con la guerra de las tortillas de México de mediados de los 90s. Hasta aquellas de “mala leche” que pretenden desinformar al gobierno y a la opinión pública, como la del presidente de un gremio, que en una columna en el diario Portafolio asegura que el peso del maíz en el costo de producción del pollo es de solamente el 20%. 

Pero cuando los argumentos de nuestros detractores se iban agotando y la necesidad de eliminar el arancel estaba a punto de discutirse en el Comité Triple A, el  Ministro de Agricultura la solicita posponer el asunto ante el anuncio que lanzaría el mencionado plan de sustitución de importaciones en las siguientes semanas.

Fenavi le camina al plan de sustitución de maíz, y así se lo hicimos saber al Gobierno, pues lo consideramos un paso esencial para aumentar la competitividad del sector avícola. Pero no puede haber condiciones para los sectores que necesitan del cereal. Sin obligaciones de comprar la cosecha nacional  como condicionamiento para poder importar. Sin pagar precios por encima de los precios internacionales. Sin retrocesos en la protección recurriendo a mecanismos de cuestionable legalidad como el Mecanismo Público de Administración de Contingentes - MAC.

El país debe tener claridad que la sustitución de 10 millones de toneladas de alimentos será viable si se acompaña de la provisión de bienes públicos y de seguridad jurídica en la propiedad de la tierra.  Y por supuesto, seré exitosa en la ausencia de barreras a la participación de los capitales agroempresariales en la altillanura y en otras regiones. 

Tendrá sentido económico si los rendimientos por hectárea son similares a los de los países de donde provienen esas importaciones. Será atractivo para quienes demanden esos productos si sus precios son inferiores a los internacionales. Y no se debe olvidar que para el caso del maíz y sorgo, la importación quedara totalmente libre de aranceles, como hoy lo está la soya, antes de 8 años por cuenta de los compromisos derivados del TLC con Estados Unidos.

El gobierno habla de soberanía alimentaria como el principio de su plan de sustituciones, un término que ha generado polémica mundial por el significado proteccionista que podría arrastrar. Está bien que los países puedan producir sus propios alimentos, pero no puede ser a costa del resto de los encadenamientos productivos, de la generación de valor, y por supuesto, de los consumidores. Esperemos que no sea así.