Tuvimos la oportunidad de asistir a la Cumbre de la Tercera Vía en la ciudad de Cartagena. Este importante encuentro fue el primer acto público, tras su reelección, del presidente Juan Manuel Santos con el sector empresarial del país. Allí en Cartagena compartieron auditorio con el Presidente: Bill Clinton, Tony Blair, Felipe González, Fernando Enrique Cardoso y Ricardo Lagos. 

Para estas personalidades el logro de la paz es el camino que debe pavimentar Colombia para lograr la senda del desarrollo y acabar con las inequidades existentes. Por ello, un hecho fundamental que tendrá que ocurrir cuando se logre el acuerdo para poner fin al conflicto, es generar la confianza nacional e internacional con los cambios que se producirán.

Seguramente, aquí es donde entrará a funcionar el precepto fundamental de la Tercera Vía: “el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”. Y es que seguramente el mercado no será la única solución para sacar adelante un país que sigue lleno de inequidades, particularmente en las zonas rurales. 

Para combatir la inequidad, será necesaria la acción del Estado. Cuando entremos en la era de posconflicto, será el Estado quien provea los bienes públicos necesarios para reducir la desigualdad. Tendrán que ejecutarse eficazmente los recursos en las zonas rurales y aumentar la inversión en el campo como un requisito necesario, aunque no suficiente, para reducir la brecha con las ciudades.

El Gobierno ha venido promoviendo el proyecto de ley que tiene los instrumentos necesarios para proveer los bienes públicos que necesita el campo. Se trata del Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural. Esta iniciativa busca que los campesinos cuenten con bienes públicos como salud y educación, y tengan, a su vez, instrumentos para la ejecución de la política de tierras que permita el acceso a la propiedad rural.

En un conversatorio donde intercambiamos opiniones sobre este proyecto hubo consenso alrededor de que los temas abordados por la Ley coincidían casi que en su totalidad con los puntos acordados en La Habana en  materia de agricultura. 

Sin embargo, el proyecto de Ley tiene serios obstáculos para ser presentado en el Congreso. Uno de ellos es la consulta pública con las comunidades. Este proceso, que se ha vuelto obstáculo para los proyectos de infraestructura, es la gran dificultad que el Gobierno tiene para continuar con la iniciativa. Como suele ocurrir, las comunidades no siempre representan a quien dicen representar y en otras ocasiones, el Gobierno no sabe cómo manejar la relación con ellas.

De todas formas, el proyecto de Ley cuenta con importantes vacíos como la ausencia de una reglamentación que genere seguridad jurídica a la producción de alimentos y que ha sido una preocupación permanente para los avicultores. A ello se debe sumar la redefinición del tamaño de la UAF para que Colombia pueda convertirse en una despensa de talla mundial.

Es aquí donde el mercado debe entrar a hacer su labor y en el caso de la avicultura, será esencial que en largo plazo podamos contar con un suministro de materias primas que no dependa de la oferta internacional. La avicultura es y será el mejor vehículo para promover el desarrollo agrícola y rural de Colombia. Un sector que demanda mas de 5 millones de toneladas de granos del resto del mundo requiere de una política de tierras que garantice la sustitución de esas importaciones por una  producción nacional competitiva de maíz, sorgo y soya.

“La paz es el mejor negocio”. Esa fue la conclusión del foro en Cartagena. Para que ello sea así se deben eliminar muchas de las distorsiones que existen hoy en el mercado y en la política pública. Sin duda habrá que ejecutar mejor el presupuesto nacional, acabar con la corrupción y resolver las grandes inequidades que existen en las zonas rurales. Esos deben ser los cambios que se deben generar por cuenta de la paz.