Como cada semana el presidente Gustavo Petro hace un anuncio más polémico que el anterior. El más reciente tuvo que ver con la posibilidad de que el gobierno se endeude a través de una emisión de títulos TES para adquirir 3 millones de hectáreas. Según el mandatario el costo de esta operación podría ascender a 60 billones de pesos, un valor equivalente al 60% del PIB agropecuario a precios corrientes.

La polémica surge por las implicaciones de endeudarse para comprar tierras en medio de un escenario de estrechez fiscal, por las preocupaciones que existen detrás de que aumente la deuda como porcentaje del PIB y el efecto que pueda tener eso en el cumplimiento de la regla fiscal y en el cumplimiento de las metas establecidas en el marco fiscal de mediano plazo.

Pero hay otras preocupaciones que deberían ser abordadas en este debate. Una de ellas tiene que ver con el mercado de tierras en Colombia y la posibilidad de que se generen movimientos especulativos que lleven a que la tierra aumente de precio por la simple expectativa de que el gobierno nacional va a comprar esa cantidad de hectáreas. Recordemos que en una entrevista el presidente dijo que en promedio el valor por hectárea que estaría dispuesto a pagar el gobierno es de 20 millones de pesos.

Lo otro tiene que ver con la logística: ¿A quién se le van a comprar las tierras? ¿Cómo va a ser el procedimiento de compra para que no se termine comprando predios a testaferros de narcotraficantes o de grupos ilegales? ¿Serán tenidos en cuenta los avalúos del IGAC existentes para las tierras que se compren? Es bueno recordar que históricamente los procesos de compra de tierras por parte del Estado son lentos, entre otras cosas porque hay que hacer un profundo estudio de títulos, y eso se refleja en las cifras sobre compra de predios con destino a la adjudicación para campesinos sin tierra.

Según un informe de la Procuraduría del 2021 solamente el 2% de las hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras corresponde a compras directas y únicamente el 0.4% de las tierras adjudicadas a campesinos sin tierra proviene de esa fuente, esto es poco más de 9.000 hectáreas.

Lo que sí es cierto es que Petro no necesita comprar tanta Tierra. El gobierno de Iván Duque dispuso en el fondo de tierras 1.7 millones de hectáreas, esto quiere decir que faltarían 1.3 millones para llegar a la meta de los 3 millones (que vence en 2028) del Acuerdo de Paz. Aquí entramos en la discusión sobre cuánto de lo que hay es adjudicable. Según el observatorio de tierras de la Agencia Nacional de Tierras, de estas 1.7 millones de hectáreas, cerca de 1.6 millones son baldíos y es probable que sean tierras ocupadas. Para ello es esencial que la ANT caracterice esos predios y realice la adjudicación de acuerdo con el procedimiento del Decreto 902 de 2017, en donde se le da prioridad a su actual ocupante.

La pregunta que surge es si la adjudicación de baldíos que se viene haciendo cumple o no con lo dispuesto en la Reforma Rural Integral -RRI. Con la Procuraduría ha habido un intenso debate al respecto, pues según la entidad las adjudicaciones no han beneficiado a los campesinos sin tierra. También es cierto que, al revisar el Censo Agropecuario del DANE, 72.7% de las unidades productivas fueron declaradas como propias por sus ocupantes.

Ello no quiere decir que no existan campesinos que demanden tierra por parte del Estado, pero si complejiza su priorización y para ello se debe continuar avanzando en la construcción del RESO (Registro de Sujetos de Ordenamiento), un sistema para identificar a los beneficiarios del Fondo de Tierras para la RRI y que actualmente cuenta con más de 32.000 sujetos inscritos.

Pero sigamos con las cuentas. La RRI, pero particularmente, el Decreto 902 identifica al menos otras 10 fuentes de donde debería provenir la tierra para el Fondo. Una de ellas es la sustracción de predios de las zonas de reserva forestal de Ley 2 de 1959 y que hoy están dentro de la frontera agrícola o tienen usos agropecuarios.

Estos predios pueden llegar a sumar otros 3 millones de hectáreas y que sumarian a las 1.6 millones que hay de baldíos en el Fondo de Tierras. Para ello se requiere el apoyo y voluntad del Ministerio de Ambiente para que esos predios puedan ser sustraídos de las zonas de reserva forestal.

Con 4.6 millones de hectáreas habría tierra suficiente para formalizar y adjudicar. Estos dos procesos podrían costar en promedio 600 mil pesos por hectárea, es decir, unos 2.8 billones de pesos en total, menos del 5% de lo que Petro quiere gastar en la anunciada compra de tierras.

Esto no hace más sencillo el cumplimiento de la RRI, pues las complejidades se mantienen, sobre todo en cuanto a los beneficiarios, a la velocidad en que se formalice y asigne la tierra y a que exista una disponibilidad desconcentrada de esas tierras en las zonas rurales.

Pero sin duda es más barato y no hay que endeudarse.