Los colombianos merecemos un sistema pensional que proteja a más personas, dirija los subsidios hacia quienes realmente los necesitan y sea sostenible en el tiempo. Un sistema que no solo responda a las necesidades de quienes actualmente se pensionan, sino que distribuya de manera justa las cargas y los beneficios entre las generaciones de hoy y las de mañana.

Es necesario modificar el sistema actual. La reforma del gobierno anterior no produce mejoras en cobertura pensional ni suficientes en equidad; además, empeora de forma importante la sostenibilidad del sistema y les pone una carga excesiva a las finanzas públicas y, en últimas, a las nuevas generaciones.

Apenas uno de cada cuatro trabajadores logra pensionarse. Al mismo tiempo, una parte importante de los recursos públicos destinados a las pensiones de reparto en Colpensiones termina subsidiando a personas que no son las más vulnerables. Esta contradicción debería ocupar un lugar central en cualquier discusión pensional: ¿Cómo justificar que tantos colombianos lleguen a la vejez sin pensión mientras destinamos recursos escasos a beneficios de quienes tienen mayor capacidad económica? A esta realidad se suma una transformación que no podemos ignorar: Colombia está envejeciendo aceleradamente.

Vivimos más años y nacen cada vez menos niños. La fecundidad se sitúa alrededor de 1,1 hijos por mujer, muy por debajo del nivel necesario para el reemplazo generacional. Para financiar una pensión mínima se necesitan los aportes de casi ocho trabajadores que cotizan sobre un salario mínimo, pero hoy contamos con apenas cuatro o cinco cotizantes por pensionado. Y esa relación seguirá disminuyendo. El riesgo es evidente: las próximas generaciones podrían terminar soportando mayores cargas para financiar el sistema y recibiendo menores beneficios.

El envejecimiento es un desafío global frente al cual existe una respuesta fundamental: ahorrar más. No podemos seguir financiando las promesas pensionales de una sociedad que envejece como si todavía fuéramos una sociedad joven. Fortalecer el ahorro de largo plazo permite financiar las pensiones con recursos acumulados durante la vida laboral y sus rendimientos, y reduce la dependencia de las contribuciones de las siguientes generaciones.

La solidaridad seguirá siendo indispensable, pero debe beneficiar ante todo a quienes la necesitan y financiarse de manera responsable, sin comprometer otras prioridades del país.
Cuando hablamos de pensiones, tampoco podemos desconocer la realidad económica del país. Más de 80% de los trabajadores cotiza sobre ingresos inferiores a 1,5 salarios mínimos.

Las pensiones que podemos financiar dependen de la productividad y de los ingresos que genera nuestra economía. En un país donde más de la mitad de los trabajadores está en la informalidad y muchos alternan constantemente entre puestos formales e informales, y entre la ocupación y el desempleo, resulta difícil cotizar de manera continua y acumular el ahorro necesario para la vejez. Por eso, necesitamos que una mayor productividad se traduzca en empleos formales, estables y mejor remunerados.

La reciente reforma no resolvió los desafíos estructurales del sistema ni abordó los ajustes de sus parámetros, a pesar de sus implicaciones para la sostenibilidad pensional, las finanzas públicas y la equidad entre generaciones. Podemos cambiar las reglas de funcionamiento, pero si evitamos discutir cómo se financian los beneficios y quién termina pagando por ellos, estaremos postergando las decisiones más importantes.

El verdadero reto es dejarles a nuestros hijos y a las próximas generaciones un sistema pensional mejor que el que recibimos. Para lograrlo, debemos dar una discusión responsable sobre las pensiones que queremos y las que realmente podemos financiar como Nación. Fortalecer el ahorro de largo plazo es también asumir nuestra responsabilidad de no trasladar a las próximas generaciones el costo de las decisiones que hoy no nos atrevemos a tomar.