La participación de la inversión privada en el sector constructor en Colombia ha garantizado su estabilidad y crecimiento. La consecución de flujos de capital privado se ha dado gracias al activo más importante que tiene el país para el desarrollo de su infraestructura: la confianza. Un logro silencioso que ha tardado varios años en consolidarse, pero que puede diluirse fácilmente con decisiones que pongan en riesgo el equilibrio productivo alcanzado con la figura de las Asociaciones Público-Privadas (APP).

La inversión pública en Colombia depende de las asignaciones del Presupuesto General de la Nación (PNG), lo que hace inflexible el gasto y lleva a que en algunos momentos los montos de inversión sean inferiores a los necesarios para garantizar el desarrollo sostenido de la economía. Además, las fuentes que toman participación en las destinaciones al desarrollo de infraestructura de transporte del Gobierno Nacional imprimen una alta volatilidad en el flujo de recursos. Esto explica, en parte, los atrasos de obras en marcha y el rezago del país en materia de infraestructura frente a pares en la región.

Por lo tanto, cobra importancia la participación del capital privado para complementar el flujo de recursos públicos y promover el desarrollo eficiente de la infraestructura de transporte. Esto ha sido posible gracias a la creación de instancias como las APP y las vigencias futuras, que han sido efectivas y sostenibles debido al compromiso por mantener acuerdos y mecanismos que le permiten al país construir confianza e incorporar las mejoras requeridas para ser cada vez más competitivos.

Para complementar las APP y las vigencias futuras, se creó el Fondo de Contingencias para Entidades Estatales (Fcee), un sistema de manejo de los recursos transferidos para atender el cumplimiento de las obligaciones contingentes asumidas. Entrar en la materia de este Fondo ha cobrado relevancia a lo largo del año en respuesta a la decisión de congelar las tarifas de los peajes. Si bien esta es una medida que busca alivianar las presiones inflacionarias sobre la población, las repercusiones sobre el esquema de financiamiento de las obras viales de infraestructura son relevantes, especialmente en términos de los acuerdos establecidos en los contratos de concesión, la confianza alrededor de los mismos y las presiones fiscales que esto conlleva para el país.

Las APP y las vigencias futuras son un mecanismo creíble y consolidado contemplado en la arquitectura fiscal colombiana, que permite apalancar proyectos de inversión que requieren aportes públicos plurianuales. Así, el país se ha logrado consolidar como un mercado atractivo para la inversión en este tipo de bienes. La incorporación de aprendizajes y ajustes se ha tornado en una herramienta clave para lograr disminuir la materialización de riesgos y hacer del desarrollo de infraestructura una inversión rentable con gran impacto en el bienestar de los colombianos.

De esta forma, para alcanzar los flujos de inversión requeridos es necesaria la participación del sector privado. No obstante, como ya se ilustró, el cambio en las reglas de juego de forma discrecional altera y pone en riesgo el interés por seguir financiando y desarrollando la infraestructura en el país. Siendo así, es necesario contemplar los efectos de las medidas adoptadas antes de incurrir en decisiones que, en el corto, mediano y largo plazo tendrán afectaciones mayores a las que se pretenden dar solución en la actualidad.