El pasado 15 de septiembre, Colombia fue descertificada nuevamente después de 28 años, al ser señalada por Estados Unidos de haber “fallado notablemente” en el cumplimiento de sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico. Con esta decisión, el país quedó incluido en la lista de las principales naciones de tránsito o producción de drogas ilícitas, junto a naciones como Afganistán, Birmania, Bolivia o Venezuela (Gráfico 1). Así, la decisión marca un nuevo capítulo en la relación bilateral con Estados Unidos, atravesada por tensiones en torno a la lucha contra el narcotráfico y la efectividad de las políticas recientes.
El mecanismo de certificación se encuentra regulado por la Ley de Asistencia Extranjera de Estados Unidos (FAA, por su sigla en inglés; secciones 489 y 490) , que obliga a evaluar anualmente si los países con mayor tránsito o producción de drogas cumplen de manera demostrable sus compromisos antidrogas. La descertificación implica, en principio, la suspensión de asistencia económica y militar no humanitaria, así como restricciones en organismos multilaterales.
No obstante, la norma contempla la figura del waiver por “interés nacional”, que permite mantener la cooperación bajo la condición de mostrar resultados en un plazo de doce meses. Este waiver se le otorgó a Colombia, lo cual evitó la aplicación inmediata de sanciones, pero abrió un periodo de mayor escrutinio y exigencias reforzadas.
Más allá del marco legal, la descertificación obedece a una combinación de factores coyunturales y estructurales. Estados Unidos señala que, para 2023, los cultivos de coca alcanzaron 252.572 hectáreas (un aumento anual de 9,8%) y la producción potencial de cocaína llegó a 2.644 toneladas métricas (53% más que el año anterior), lo que refleja la falta de resultados de la actual estrategia gubernamental.
A esto se suman los cuestionamientos a los diálogos con grupos armados, percibidos como un retroceso en el control territorial y en la capacidad del Estado para contener la expansión del narcotráfico. En consecuencia, Washington atribuye de forma directa al presidente Gustavo Petro la responsabilidad por estos resultados y le reprocha un déficit de liderazgo político en la gestión del último año, profundizando así la brecha entre ambas administraciones.
En el pasado, Colombia ya había enfrentado este escenario: en 1996 y 1997 fue descertificada por Estados Unidos debido al aumento de la violencia asociada al narcotráfico y a la debilidad institucional para contener el poder de los carteles. Sin embargo, en 1998 el país recuperó la certificación tras impulsar reformas legales, fortalecer la cooperación bilateral y comprometerse con nuevas estrategias antidrogas que desembocarían, años más tarde, en el Plan Colombia. Este antecedente muestra que la descertificación, aunque representa un golpe a la reputación internacional, también puede convertirse en un punto de inflexión para replantear la política antidrogas y redefinir los términos de la cooperación con Washington.
En términos económicos y políticos, la decisión no interrumpe de manera inmediata los flujos de cooperación, pero sí incrementa el riesgo reputacional del país, lo que puede traducirse en mayores exigencias de los organismos multilaterales y en una percepción de mayor incertidumbre para inversionistas extranjeros. La descertificación envía además una señal de presión hacia el Gobierno colombiano, que enfrenta el reto de mostrar avances tangibles en la reducción de cultivos ilícitos y en el fortalecimiento de su política de seguridad.
En este sentido, los próximos doce meses serán decisivos: Colombia deberá demostrar que puede equilibrar sus apuestas de paz y diálogo con un compromiso efectivo en la lucha contra las drogas. De lo contrario, el costo en términos de cooperación, credibilidad y estabilidad macroeconómica podría ser mucho más alto.