En el mes de noviembre de cada año, se abre tradicionalmente la discusión sobre el incremento del salario mínimo en Colombia, un tema que concentra la atención de empresarios, sindicatos y del Gobierno Nacional, pues de su resultado dependen tanto el poder adquisitivo de los trabajadores como los costos laborales de la economía. En este debate, la fórmula de referencia tiene en cuenta la inflación del año anterior y el crecimiento de la productividad laboral, buscando preservar el ingreso real sin comprometer la competitividad.

Sin embargo, cuando el ajuste del salario mínimo supera significativamente la suma de estos dos componentes, se generan riesgos macroeconómicos importantes: presiones inflacionarias, encarecimiento del empleo formal que puede llevar a aumentos en la informalidad y mayores costos fiscales para el Estado. Por tanto, es fundamental alcanzar un equilibrio entre las aspiraciones sociales y la sostenibilidad económica, especialmente en un contexto de espacio fiscal limitado.

A pesar de que 2025 comenzó con un descenso sostenido en la inflación, los últimos meses no han mostrado un comportamiento favorable. Entre junio y octubre, el índice de precios acumuló cuatro meses consecutivos al alza, pasando de 4,82% en junio a 5,51% en octubre, reflejando un leve repunte inflacionario. Desde Anif proyectamos que el año cerrará con una inflación cercana a 5,34%.

En paralelo, se ha observado una desaceleración de la productividad laboral en lo corrido del año. El PIB por ocupado registró una caída de 1,2%, que obedece a que el número de ocupados crece a un ritmo mayor que el del PIB, un fenómeno que solo se había registrado en 2022 y 2023 durante la última década (Gráfico 1). Este comportamiento responde en parte al aumento de la fuerza laboral durante 2025, y plantea el desafío de mantener la capacidad de absorción del mercado laboral en el mediano plazo.

Con este panorama, resulta fundamental estimar uno de los costos fiscales que podría generar un aumento excesivo del salario mínimo para el Gobierno. Uno de los principales canales de transmisión se da a través del sistema pensional, dado que una porción significativa de las mesadas -particularmente aquellas correspondientes a pensiones mínimas del régimen de prima media- está directamente indexada al Salario Mínimo Legal Vigente (Smlv).

En consecuencia, cada incremento del salario mínimo implica un aumento automático en las obligaciones del Estado con los pensionados de este régimen. Se estima que, por cada punto porcentual adicional en el aumento del salario mínimo por encima del salario real, el gasto en pensiones del régimen de prima media se incrementa en cerca de $0,24 billones, generando presiones adicionales sobre las finanzas públicas y reduciendo el margen fiscal disponible para atender otras prioridades sociales.

Para dar un ejemplo, con una inflación proyectada de 5,34% y un crecimiento de la productividad laboral de 2,2%, el aumento de referencia del salario mínimo, equivalente a 7,54%, implicaría un sobrecosto fiscal cercano a $0,5 billones solo en el régimen de prima media. Sin embargo, si el incremento del salario mínimo alcanzara 10%, el impacto fiscal ascendería aproximadamente a $1,12 billones.

La discusión sobre el aumento del salario mínimo debe considerar no solo el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, sino también las presiones que enfrenta la economía colombiana. La estrechez fiscal actual limita la capacidad del Gobierno para absorber incrementos significativos en el gasto público, en un contexto en el que las metas de la regla fiscal exigen prudencia y sostenibilidad en las cuentas del Estado.

Un ajuste del salario mínimo que exceda los fundamentos de inflación y productividad podría generar presiones adicionales sobre el déficit, comprometer la estabilidad macroeconómica y frenar la creación de empleo formal.