La rebaja en la calificación soberana de Colombia por parte de la calificadora S&P Global Ratings, de BB a BB-, responde principalmente al deterioro de las finanzas públicas y a la menor previsibilidad de la política fiscal, derivada de la suspensión de la regla fiscal. La agencia destaca déficits primarios persistentemente altos, impulsados por un aumento del gasto, menores ingresos tributarios y dificultades políticas para aprobar reformas fiscales.

A esto se suman un mayor endeudamiento, la falta de ajustes de gasto y un entorno macroeconómico más vulnerable, con mayores presiones inflacionarias, ampliación del déficit externo y un aumento significativo de los indicadores de endeudamiento.

Hacia adelante, la actualización de la perspectiva, de negativa a estable, refleja la expectativa de una corrección fiscal gradual -aunque lenta-, junto con un crecimiento económico moderado. La agencia advierte riesgos a la baja si los déficits superan lo previsto o si se deteriora la credibilidad de la política monetaria, lo que podría aumentar aún más la vulnerabilidad externa. En contraste, una consolidación fiscal efectiva que estabilice la deuda podría mejorar la calificación en el mediano plazo.

A nivel internacional, con esta nueva calificación crediticia, Colombia se aleja de países pares de la región como Chile, que tiene una calificación soberana de A (la tercera más alta), Perú y México, que también tienen grado de inversión (BBB- y BBB, respectivamente), y Brasil, que tiene BB (sin grado de inversión, pero un escalón más alto que Colombia).

Ahora, Colombia estaría en el mismo nivel de países como Honduras, Jordania, Mongolia y Turquía, entre otros. Esta rebaja en la calificación soberana ya estaba descontada por el mercado, pues la percepción de riesgo, medida a través de los Credit Default Swaps (CDS) a cinco años, ya se ubicaba en niveles similares a los de este nuevo grupo de países.

Con base en el histórico de S&P, la reciente calificación (BB-) constituye la más baja otorgada a Colombia desde que la agencia inició su seguimiento en 1993. En episodios previos de deterioro macroeconómico, el país había alcanzado niveles mínimos de calificación soberana de BB a comienzos de siglo, pero nunca había descendido al escalón BB-, lo que marca un nuevo punto mínimo en la trayectoria crediticia soberana.

Además, al revisar la calificación histórica, se puede evidenciar que, tras perder el grado de inversión en 1999 -en medio de la llamada recesión de fin de siglo-, el país tardó aproximadamente 12 años en recuperarlo, logro que se materializó en 2011, cuando S&P Global Ratings volvió a ubicar la calificación soberana en BBB-, tras una consolidación fiscal sostenida.

En comparación con los países de la región, Brasil perdió el grado de inversión en 2015 y desde entonces no lo ha vuelto a recuperar, mientras que Uruguay lo perdió a inicios de 2002 y lo volvió a recuperar 10 años después, en 2012. Colombia podría tardar varios años en lograr una consolidación fiscal creíble y recuperar el grado de inversión. Si bien, para S&P, Colombia no enfrenta un riesgo inmediato de crisis, sí muestra un deterioro gradual de sus fundamentales fiscales, reflejado en déficits persistentes, menor previsibilidad de la política fiscal y dificultades para aumentar el recaudo.

Esto ha debilitado la confianza inversionista en un contexto de mayores costos de financiamiento, lo que, a su vez, limita la recuperación de la inversión, actualmente en niveles históricamente bajos (alrededor de 16% de PIB frente a promedios cercanos a 22%), y restringe el crecimiento potencial. Además, la incertidumbre política y un Congreso fragmentado podrían retrasar los ajustes fiscales necesarios.