La reciente disputa comercial entre Colombia y Ecuador ha puesto a prueba uno de los pilares históricos de la integración regional andina. Desde febrero de 2026, ambos países han impuesto medidas arancelarias recíprocas que escalaron progresivamente hasta afectar de manera significativa el comercio bilateral y aumentar la incertidumbre sobre la estabilidad institucional de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En este contexto, la decisión de la CAN de ordenar el desmonte de los aranceles en un plazo de diez días reabrió el debate sobre la capacidad del bloque para contener episodios de fragmentación comercial en la región.

La actual controversia comercial entre Colombia y Ecuador surgió en medio del endurecimiento de las tensiones fronterizas y de seguridad a comienzos de 2026. En este contexto, Ecuador impuso un arancel de 30% sobre las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero, argumentando una presunta falta de cooperación frente al narcotráfico y la minería ilegal fronteriza. Como respuesta, Colombia adoptó medidas retaliatorias que entraron en vigor el 24 de febrero, iniciando una escalada comercial que posteriormente se extendió hacia otros frentes estratégicos, incluyendo el suministro de energía eléctrica y el transporte de crudo a través del Oleoducto Transecuatoriano (Sote).

Las tensiones se intensificaron nuevamente el 1 de mayo, cuando Ecuador elevó los aranceles hasta 100% para determinados bienes colombianos, mientras que, durante mayo, Colombia amplió el alcance de sus restricciones comerciales a partir de aranceles “inteligentes”, con tasas de 35%, 50% y 75% para un conjunto de bienes ecuatorianos. Frente a este escenario, el 8 de mayo de 2026 la Secretaría General de la CAN concluyó que las medidas implementadas por ambos países contravenían los principios de libre circulación de mercancías establecidos en el Acuerdo de Cartagena, ordenando el desmonte de las restricciones en un plazo de diez días.

Las tensiones comerciales comenzaron a reflejarse rápidamente en las exportaciones colombianas hacia Ecuador, un mercado frente al cual Colombia ha mantenido tradicionalmente una posición superavitaria. Entre febrero y marzo de 2026, las ventas externas cayeron 46,1% anual, pasando de US$318 millones en 2025 a US$172 millones en 2026, evidenciando la elevada sensibilidad del comercio bilateral frente a las restricciones impuestas.

La caída de las ventas externas estuvo impulsada principalmente por el deterioro en bienes manufactureros e insumos industriales con alta integración regional. Los mayores aportes negativos provinieron de combustibles minerales (-15,5 p.p.), equipos y material eléctrico (-3,9 p.p.), plásticos y manufacturas (-2,6 p.p.) y maquinaria y equipos mecánicos (-2,6 p.p.). En contraste, segmentos orientados al consumo final, como perfumería, cosméticos y productos farmacéuticos, mostraron una menor sensibilidad relativa frente al choque comercial (Gráfico 1).

Aunque la decisión de la CAN reduce la probabilidad de una profundización inmediata de las restricciones comerciales, el episodio ha evidenciado la elevada sensibilidad del comercio andino frente a tensiones políticas y medidas unilaterales. Más allá del eventual desmonte de los aranceles, la disputa deja como principal desafío el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de coordinación y resolución de controversias dentro del bloque regional.