Un incremento de casi $11 billones en el presupuesto educativo para 2021 constituye una acción que no solo se deriva de la pandemia sino también de los acuerdos de paz, pues para sanar la situación social de las zonas rurales que dejaron los más de cincuenta años de guerra es el reto clave para no volver los hechos violentos plenamente conocidos.

Además, una educación óptima evitará en el mediano y largo plazo que se alimenten las disidencias a través del reclutamiento subversivo y otros medios nocivos para la sociedad.
Tengamos en cuenta que esto no es una política de choque para resultados inmediatos, es en palabras del ex presidente Julio César Turbay Ayala “una política en marcha”, lo que quiere decir que de ninguna manera podemos descuidar en el futuro el mejoramiento de la infraestructura rural para la educación.

Los resultados del plan en mención, al cual la ministra María Victoria Angulo ha hecho especial alusión, deben ser un mejoramiento continuo en la cobertura educativa en zonas rurales y cada vez una educación de más alta calidad.

De esta manera, con el tiempo las secuelas del conflicto armado y de la pandemia quedarán atrás y los cambios sociales que tanto se han esperado en Colombia serán una realidad. Se tendrá más desarrollo económico, más oportunidades de empleo y justicia social.

Estos logros son posibles de obtener, en la medida en que cada Gobierno que se tenga en el futuro mantenga esta política sin utilizar la situación social de vieja data para hacer politiquería. Tengamos en cuenta que ni siquiera el Gobierno que tengamos durante el cuatrienio 2022 – 2026 podrá entregar el mando con estos objetivos cumplidos, se necesitarán dos o tres décadas más.
El compromiso con este tema lo tendrán todos los candidatos a la Presidencia de la República que se presenten a la contienda electoral el próximo año, igualmente el Congreso que se posesione el 20 de Julio de 2022 estará obligado a defender esta política.

Para el pueblo colombiano los resultados serán la clave para una mejor distribución de la riqueza y el cumplimiento de las metas anheladas en materia de justicia social, algo que se ha esperado por más de medio siglo.

No más politiquería, más acuerdos sociales para lo fundamental en línea con lo que clamaba Álvaro Gómez Hurtado. Las rivalidades políticas por llegar a los altos mandos del Estado Colombiano, no pueden centrarse en los intereses burocráticos sino en lo que requiere la nación para el bienestar social.