Cada tanto en Colombia, cuando un apagón amenaza, todos corremos a apagar luces y a aplicar todo tipo de soluciones creativas para evitar quedarnos a oscuras. En esos momentos, los debates suelen centrarse en si hay o no suficientes recursos de generación eléctrica, si la central de Ituango va a tiempo, o si el balance de generación térmica e hidráulica es el adecuado.

Sin embargo, poco nos preocupamos por solucionar de raíz el problema, pues se deja de lado un tema fundamental para evitar llegar esa situación extrema: la transmisión. Es decir, las torres y cables para poder llevar toda esa energía generada a los hogares. 

Hoy en el país se están ejecutando 20 proyectos de transmisión de electricidad, para construir más de 3.200 kilómetros de líneas eléctricas. Se trata de una cantidad considerable si tenemos en cuenta que equivale al 21% de los 15.000 kilómetros de circuitos ya instalados.

Esos proyectos responden al mandato dado por el Ministerio de Minas y Energía para asegurar el abastecimiento eléctrico en todo el país. Hasta ahí todo bien. El gran problema es que 11 de esos 20 proyectos tenían que haber entrado en operación en 2016, y esta es la hora en que ninguno de ellos ha podido lograrlo.

¿Por qué se han demorado? El trámite se ha convertido en un proceso kafkiano. Existen problemas de coordinación entre autoridades ambientales, se dan reprocesos y exigencias por fuera de la norma, y algunas autoridades locales también extienden el proceso en el tiempo. Cabe anotar que las comunidades no expresan mayor oposición a los proyectos de energía.

No habría lugar a la alarma si la demora del papeleo fuera de unos cuantos meses, pero se están dando casos en que los retrasos son de más de tres años. Y esas demoras ya han generado interrupciones en el servicio de energía en departamentos como el Quindío.

No solo se está poniendo en riesgo la continuidad del suministro eléctrico en varias regiones, sino el crecimiento económico de dichas zonas, y asuntos aún más cruciales como el funcionamiento de clínicas, escuelas, cárceles o guarniciones militares; además de los sobrecostos operativos que se trasladan mes a mes a los usuarios finales.

Se necesita una ley de infraestructura de energía que establezca reglas claras a la hora de aprobar y desarrollar un proyecto de transmisión. Ya hay una ley, la 1682 de 2013, que fija reglas claras para el desarrollo de infraestructuras viales y de otros modos de transporte. 

Dicha ley podría abordar básicamente tres aspectos. Primero, establecer una metodología única y efectiva de pago y constitución de servidumbres para el paso de redes. La diferencia entre el pago que la gente espera y lo que las empresas pueden ofrecer muchas veces es difícil de conciliar. Segundo, estandarizar las exigencias y tiempos por parte de las autoridades ambientales del ámbito nacional y regional. Ocurre a menudo que entran en juego hasta tres instancias ambientales a las cuales es humanamente imposible entregarles requisitos. Y tercero, precisar y reglamentar los tiempos de desarrollo de consultas previas. En algunos casos, las autoridades locales dilatan las consultas, sin que la norma fije un plazo.

En conclusión, es urgente que el Gobierno y el Congreso fijen reglas claras en materia de proyectos de desarrollo de energía. Las iniciativas que se necesitan para que el país no se apague no pueden quedar a la libre interpretación de un funcionario.