Las AFP han anunciado que estarían dispuestas e invertir en fondos de Pyme nacionales con el fin de ayudar en la reactivación de la economía y de proveer de liquidez a empresas en problemas. Aunque parezca razonable, esta política se encuentra mal concebida e implica riesgos enormes para los ahorros de los chilenos.

En primer lugar, debe quedar claro que el rol de las AFP jamás ha sido realizar políticas públicas o económicas para apoyar a grupos determinados. Su único y exclusivo mandato es administrar los ahorros de los cotizantes, equilibrando riesgo y retorno. En otras palabras, el objetivo de la administración de nuestros ahorros debe ser nuestra jubilación y no la asistencia o solidaridad de sectores en problemas. El argumento, entonces, de que las AFP van a utilizar fondos de cotizantes para apoyar a las Pyme resulta inaceptable.

Ahora bien, se podrá decir que, efectivamente, existe una oportunidad de negocio y que por tanto el propósito de esta intervención es incrementar la pensión de los jubilados de mañana. Pero resulta que, en un contexto de incertidumbre como el actual, las AFP no tienen forma de saber si el resultado será positivo, especialmente en el mundo de las Pyme, que no conocen bien. Y es que, como explicó Frank Knight, la diferencia entre riesgo e incertidumbre es que el riesgo se puede calcular y medir, en cambio la incertidumbre constituye una penumbra completa sobre el futuro.

Así las cosas, hoy es imposible estimar si muchas de las Pyme beneficiadas con los fondos de los trabajadores chilenos van a sobrevivir. Tan malo resulta ser este negocio que las mismas AFP solo están dispuestas a entrar en él con un aval del Estado, es decir, una garantía de que, en caso de perder la plata de los trabajadores, serán los contribuyentes, es decir, los mismos trabajadores, quienes deban salir a reponer las pérdidas.

Aquí el pecado resulta evidente. Por un lado, las AFP saben que no pondrían plata sin aval del Estado porque probablemente la perderían, reconociendo así que es un mal negocio para los trabajadores y, sin embargo, están dispuestas a arriesgar la plata de los trabajadores si es que ellos mismos garantizan que cubrirán sus pérdidas a través de los impuestos que habrán de pagarle al Estado en el peor de los casos.

Por si lo anterior fuera poco, el plan crea incentivos perversos para que empresas proveedoras de liquidez que fueron imprudentes en su manejo durante años subsistan con cargo a los ahorros de los chilenos, generando un mal precedente hacia el futuro. Es sabido que, ajustando por el riesgo de hoy, empresas sanas de factoring que aún existen pueden cubrir las demandas de liquidez de las Pyme viables.

En casos de rubros especiales, el Gobierno podría establecer programas de apoyo de ser necesario, pero sin arriesgar los fondos de pensiones. Por último, si las AFP dejan que los fondos de los chilenos se administren con criterios políticos para fines que no son los propios del sistema, abrirán una puerta imposible de cerrar más adelante. Si ceden ahora, en crisis futuras no podrán oponerse a la presión política para usar los fondos con fines nobles o “sociales”.

Y tampoco puede descartarse que, si las inversiones que proponen hoy resultan mal, nuestros legisladores populistas decidan desconocer el aval otorgado, nacionalizando así de facto al menos una porción de los ahorros de los trabajadores chilenos. Esto llevaría a las AFP a una tormenta política potencialmente devastadora. Si las AFP quieren mejorar su imagen ante la ciudadanía -tarea que ignoraron por décadas- hay otras formas comunicacionales de hacerlo que arrojando ahorros de los trabajadores a un torbellino económico y político impredecible.