Cuando en algunos años se revise con calma este período de la historia de Chile, probablemente se concluirá que ha sido el más abusivo que nos ha tocado vivir. La clase política y mediática prácticamente completa se abocó a destruir las libertades de los ciudadanos para enfrentar un virus de mortalidad extremadamente variable dependiendo de los grupos de la población, con medidas que no sólo implicaron una humillación y atentado a la dignidad de millones de personas, sino que irrogaron un costo muchísimo más grande del que ahorraron.

Después de un año de cuarentenas no existe evidencia concluyente de que reduzcan significativamente la cantidad de muertos por millón por covid del ciclo pandémico. Suecia, que fue demonizada en medios nacionales e internacionales, terminó 2020 en el puesto 18 entre 26 en exceso de mortalidad entre naciones europeas. Otro tanto puede decirse del estado norteamericano de Florida, cuyo gobernador Ron DeSantis fue vilipendiado por mantener escuelas abiertas y resistirse a imponer cuarentenas, consiguiendo mejores números que la mayoría de estados en Estados Unidos.

Lo peor de todo este episodio, sin embargo, es que no hay estudios que señalen que el costo total de las cuarentenas para la salud de la población es inferior al beneficio. Y no puede haberlos, simplemente porque el daño que generan los encierros es de tal magnitud a todo nivel, que los años de vidas que supuestamente se salvan de Covid se pierden con creces por otras enfermedades no descubiertas, alzas de criminalidad, drogadicción, efectos sanitarios del desempleo, patologías mentales, sedentarismo, debilitamiento del sistema inmune, caída de expectativas de vida, etcétera.

Vale la pena citar la conclusión del epidemiólogo canadiense y profesor de la Universidad de Alberta, Arie Joffe, quien comenzó siendo partidario de las cuarentenas y cambió de opinión al revisar la evidencia. Según Joffe, cuando se hace un análisis serio de costo-beneficio, los costos en términos de vida humana de las cuarentenas pueden ser de hasta 50 y 80 veces superiores que sus beneficios. Y eso es sin incluir el daño económico, la disrupción de servicios médicos, los efectos de la soledad sobre la salud, las tasas de violencia y suicido, entre otros.

Por eso, Jofee concluye que “debemos abrir la sociedad para salvar muchas más vidas de las que podemos al intentar evitar todos los casos o incluso la mayoría de los casos de covid-19. Ya es hora de hacer una pausa en el esfuerzo, calibrar nuestra respuesta al riesgo real, hacer análisis racionales de costo-beneficio y terminar con el pensamiento grupal que lleva a las cuarentenas.”

Nada de esta racionalidad se aprecia en el caso chileno, donde las medidas aplicadas no sólo son dictatoriales, sino muchas veces absurdas. La restricción de viajar al extranjero (mientras entran cientos de ilegales todos los días), el cierre de escuelas que no son focos de contagio, la utilización de mascarillas al aire libre (donde no se contagia el virus), cuarentenas con la mayoría de la población vacunada, hoteles sanitarios para quienes llegan con PCR negativo y muchas otras hablan de poca inteligencia y una disposición irrefrenable al abuso por parte de nuestras autoridades.

Y mientras todo eso ocurre, las mismas autoridades, a las que por cierto no se aplican estas restricciones, llaman cada par de semanas a que millones de personas se aglomeren para votar. Y así se perpetúa la política más abusiva y dañina de la historia de Chile.