Una de las lecciones más persistentes de la historia es que existen tendencias que terminan por avanzar demoliendo todo a su paso. En Chile hace tiempo el Estado de derecho se viene pisoteando a vista y paciencia de todo el mundo. Es evidente, por ejemplo, que no se aplicó en muchos casos de militares presos. Pero eso se aceptó, porque predominaba la sensación de que, a pesar de que la ley y los principios jurídicos básicos no lo permitían, era justo que los encarcelaran.
El problema era obviamente político, pero como la clase política no quiso hacerse cargo, terminó por politizarse el Poder Judicial al punto de que hoy se cuestionan nombramientos de jueces sólo por no haber fallado de acuerdo a lo que grupos de izquierda creen que deberían fallar en esa materia. Pero la crisis actual en la justicia se refiere también a cuestiones de políticas públicas como las AFP, a la incapacidad evidente de contribuir a contener la espiral delictiva en el país, a conflictos de poder con el Tribunal Constitucional, a fallos totalmente incoherentes en casos similares y a un recurrente activismo judicial que antepone la ideología de los jueces a las normas jurídicas.
En el caso de La Araucanía, durante décadas se ha tolerado e incluso incentivado la violencia, también ideologizada, de grupos minoritarios de terroristas sin que el Estado haya hecho nada serio al respecto. A tal punto ha llegado este deterioro que ya contamos con una narco guerrilla capaz de declarar, sin pudor alguno, que cuenta con la capacidad militar de enfrentar a nuestras propias Fuerzas Armadas en territorio chileno. Y así, todos los días, incendian, disparan, roban y atacan gente sin que haya una reacción proporcional.
Ni hablar del narcotráfico en las ciudades, cuyos tentáculos se extienden con cada minuto frente a un Estado superado y, probablemente, en parte infiltrado por ellos. Acá la solución pasaría por legalizar el comercio de drogas con ciertos controles para frenar la corrosión que el narcotráfico está generando en el país. Pero es poco lo que se puede esperar de la clase política cuando ella misma se comporta como los primitivos que se dejaban llevar por sus impulsos más básicos en la resolución de problemas. Si hay algo que diferencia la vida civilizada de la barbarie es que en la civilización existen reglas establecidas racionalmente a las que debemos atenernos y, si no lo hacemos, pagamos un precio.
En Chile, la Constitución es la madre de todas las reglas. Pues bien, los mismos políticos que juran respetarla no dudan en violarla cuando les parece que no se ajusta a sus deseos. El caso de la presidenta del Senado respaldando proyectos de ley inconstitucionales, y el fraude jurídico de la reforma constitucional sobre las AFP para evadir la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de seguridad social, son ejemplos emblemáticos de regresión barbárica.
Esto refleja que hoy, en Chile, basta con sentir algo para validarlo y pasar a llevar los procedimientos diseñados para administrar el poder del Estado. Pocos se dan cuenta de que con este desorden se han abierto ya, tal vez de manera incorregible, las puertas a la destrucción de la democracia liberal. Y es que, si no se respetan las reglas, sólo el caos puede sobrevenir y frente a él la alternativa que emerge es siempre la respuesta autoritaria, sea electoral o no. Si la historia ha de enseñarnos algo es que la ciudadanía puede tolerar muchas cosas, pero no la destrucción de su vida de manos de bárbaros incontrolables.