Las micro, pequeñas y medianas empresas son el corazón de la economía. En el mundo superan 90% del total empresarial, generan la mayor parte del empleo y aportan una fracción decisiva del PIB. Pero su valor trasciende las cifras, pues son vehículo de innovación, movilidad social y desarrollo sostenible, capaces de anclar tejido productivo donde escasea la gran industria y de abrir caminos que reducen brechas territoriales.
En Colombia el cuadro es elocuente. Las Mipyme representan 99,5% del universo empresarial formal, sostienen cerca de 79% del empleo y contribuyen en torno a 40% del PIB. Aun así, enfrentan tres desafíos estructurales que limitan su crecimiento y competitividad, entre ellos la alta informalidad, las dificultades para acceder al crédito y la baja participación en los mercados internacionales. Por lo tanto, trabajar en su fortalecimiento es una estrategia esencial para dinamizar la economía y reducir desigualdades.
Por otra parte, el derecho comparado ha avanzado en darles apoyo cuando enfrentan situaciones de distrés económico. Naciones Unidas, a través de Uncitral, propuso regímenes simplificados de insolvencia para micro y pequeñas empresas con procesos flexibles, económicos y de rápida resolución que disminuyen el costo social del fracaso y promueven la segunda oportunidad. Colombia recogió esa agenda con la Ley 2437 de 2024, impulsada por la Superintendencia de Sociedades, que moderniza la protección y reorganización empresarial, agiliza trámites, salvaguarda derechos laborales, fomenta alivios financieros e incorpora herramientas digitales para ampliar el acceso.
Esa visión se tradujo además en una política de regionalización de la misión de la Entidad. En el actual cuatrienio, la Superintendencia desplegó la Estrategia Nacional de Salvamento Empresarial en línea con el Plan Nacional de Desarrollo. Su premisa es sencilla y poderosa, pues en las regiones laten miles de unidades productivas que sostienen economías locales y merecen acompañamiento para crecer, formalizarse y competir.
Muchas de ellas producen con enfoque sostenible y raíz cultural, transforman insumos ancestrales con potencial medicinal, promueven turismo de naturaleza y diseñan artesanías, prendas y joyería con materias primas responsables. Hasta la fecha, más de 3.510 emprendimientos y empresas han recibido apoyo en territorios como Leticia, Puerto Inírida, Puerto Carreño, Ipiales, Buenaventura, Istmina, Quibdó, Riohacha, Catatumbo y nordeste antioqueño. La intervención busca elevar productividad, formalización y sostenibilidad, y con ello fortalecer el equilibrio regional del desarrollo.
Este esfuerzo solo funciona mediante alianzas. La coordinación con otras entidades del Estado, la banca y las cooperativas de crédito ha sido crucial para ofrecer soluciones concretas. Un ejemplo es el trabajo conjunto con Invima, que se convirtió en aliado clave para formalizar emprendimientos de alimentos, bebidas y medicinas tradicionales. La creación de una categoría especial para bebidas ancestrales permitió que el viche, símbolo del Pacífico colombiano, obtuviera registro sanitario dentro de una categoría artesanal étnica, lo que impulsó su formalización y apertura a nuevos mercados sin perder su esencia cultural.
Por todo lo anterior y de cara a un país que discute su rumbo político, hay consensos que conviene preservar. La apuesta por las Mipyme debe consolidarse como política de Estado que asegure continuidad, expansión y evaluación rigurosa de resultados. Se requiere un marco que garantice financiamiento más accesible, compras públicas inclusivas, asistencia técnica para certificaciones, digitalización práctica y vías ágiles de reorganización empresarial.
Las Cámaras de Comercio también tienen un papel inaplazable. Es necesario que adopten una visión más amplia del tejido empresarial, que vaya más allá del registro mercantil y las renovaciones, para convertirse en articuladoras de proyectos con gobiernos locales, academia y sector financiero. Su liderazgo puede acelerar encadenamientos productivos y abrir vitrinas a las empresas pequeñas en mercados regionales y globales.
Colombia tiene en sus Mipyme una fuerza probada para crear empleo digno, innovar desde la diversidad y cuidar el territorio. Reconocerlas, protegerlas y hacerlas crecer no es un gesto simbólico, es una decisión estratégica. Las pequeñas no solo son grandes en número, son el alma emprendedora que teje futuro y la palanca más cercana para un país más justo, competitivo y sostenible.