En el país de la megadiversidad, donde escasean los recursos financieros y a menudo la voluntad para conservar nuestra exuberante flora y fauna, afectada históricamente por las transformaciones de sus hábitats, vivimos una dicotomía clásica a la hora de responder con soluciones: esperar al Estado o invitar al privado, regulado.

En las últimas semanas se ha desarrollado un rifirrafe, que no debate, típico de las redes, en el cual se acusa a un pequeño zoocriadero legal de anteponer sus intereses económicos al propósito con el cual fue creado, salvar especies en grave peligro de extinción y para las cuales la protección del hábitat silvestre no es suficiente: suele pasar en la región andina donde los bosques de la franja cafetera fueron arrasados hace décadas y restituirlos, ojalá lo lográramos, requeriría un esfuerzo gigantesco y costoso; no hay que dejarse confundir por el hecho de que hoy el paisaje cafetero parezca frondoso y verde, pues esto no significa en absoluto posea la integridad ecológica mínima para garantizar la existencia de buena parte de su biodiversidad.

Utilizar las habilidades de cría desarrolladas por la academia es un recurso fundamental para atender el manejo sostenible de la fauna silvestre y, eventualmente, salvar especies de la extinción. Para ello se requiere mantener individuos silvestres en cautiverio y hay que gestionar fuentes de financiación para los programas de reproducción, costosos. En caso de aceptar lo primero, algunos exigen utilizar exclusivamente recursos públicos para lo segundo, para no acudir al comercio legal de mascotas que lo apoya. Se trata de un debate ético y práctico acerca de las capacidades de la sociedad de responder por sus deudas ecológicas y, de nuevo, acerca del uso de mecanismos de mercados (regulados) para lograrlo.

La tenencia de mascotas silvestres en Colombia está prohibida, con razón, a menos que estas provengan de un zoocriadero y existen razones por las cuales no se autoriza fácilmente la compra de hipopótamos o jirafas para una hacienda… Pero el vínculo entre los ciudadanos y los programas de conservación de fauna es prácticamente inexistente, habiendo el potencial de aportar al cuidado de algunas especies en programas participativos. No es inimaginable una red de cuidadores de, por decir, tortugas morrocoy, que siempre fueron tenidas en los patios de las fincas calentanas como parte de la familia. O de loritas parlanchinas. O de ranitas venenosas, lagartijas, mariposas, tarántulas y otros cientos de especies que desde la escuela podrían ser fuente de restitución de vínculos entre las personas y la biodiversidad, al tiempo que permiten generar ingresos.

Dirán que eso no es lo mismo que comprar una serpiente por internet, cuestionable a los ojos de muchos, así venga con todos los certificados y garantías del origen y todas las instrucciones para su cuidado a perpetuidad. Pero los recursos monetarios de este mercado sostienen una extensa red de conservación basada no solo en la zoocría y restitución del hábitat, sino en el combate al tráfico ilegal de especies, ese sí, como el del oro ilegal, la coca ilegal o las vacas ilegales, protegido por las mafias y sus mecanismos de corrupción e indirecta y paradójicamente, por las visiones idealizadas de la naturaleza de muchas personas.