La posibilidad de que la conservación de la biodiversidad no sea sostenible puede parecer una paradoja, pero conservar cuesta: es una actividad económica que requiere un esfuerzo social deliberado para mantener o recuperar la funcionalidad ecológica de un territorio por razones tanto objetivas como subjetivas. Hay que invertir para proteger el agua, la polinización silvestre o el control biológico de plagas, la fertilidad del suelo, prevenir desastres, garantizar buen uso de plantas y animales útiles, defender un paisaje o una especie hermosos o sagrados, un lugar de recreación e inspiración o preservar la evolución y el derecho a existir de todos los seres vivos.
Ahora, decir que la conservación cuesta no significa monetizarla, pues invertimos tiempo y conocimiento o sacrificamos, beneficios actuales incalculables o intraducibles como precios de mercado, pero sí significa valorar las implicaciones que determinada gestión del territorio tiene y que alguien asume, de manera voluntaria o contratada y que implican trabajo personal o colectivo. La mayoría de pueblos indígenas conservan su territorio y biodiversidad porque su modo de vida y toda su cultura están integrados a su funcionalidad ecológica; se trata de una economía ecológica casi perfectamente sobrepuestas de la cual se beneficia el planeta entero.
Otras comunidades locales o diversas formas de emprendimiento conservan su territorio por convicción, tradición o inversión financiera responsable: se sabe que sin manglares o morichales no hay peces, no hay comida, tal como demuestran las decenas de casos compilados por el Instituto Humboldt y la Fundación Natura en el libro lanzado el miércoles pasado “Voces de la gestión territorial”. Pero la mayoría de las veces no se invierte en conservación porque no hay conciencia de los beneficios que se derivan del mantenimiento de ciertos niveles de integridad ecológica en un territorio o porque estos beneficios son capturados por terceros de manera abusiva y gratuita (ej. los deforestadores), lo que crea una asimetría económica gigantesca, agravada por el deterioro causado por quienes además fabrican algo sin compensar proporcionalmente su huella ecológica y se benefician de vender barato por ello (“dumping” ambiental).
Construir sostenibilidad para la conservación es una tarea política y cultural central de la sociedad, pues es la mejor inversión para garantizar capacidades adaptativas a la crisis climática. Por eso la conservación es materia de emprendimiento y debe ser reconocida como una de las áreas que requiere mayor innovación, desarrollo institucional y construcción de capacidades: en el ecosistema no hay comida gratis y garantizar la continuidad en el flujo de contribuciones de la naturaleza al bienestar es fruto de la coproducción de servicios ecosistémicos con la gente, no de la espontánea generosidad de las hadas.
Conservar requiere esfuerzos e inversiones públicas y privadas que deben ser especificadas y asumidas por los diferentes actores sociales o asignadas por la ley cuando emerjan conflictos de responsabilidad y si avanzamos en los análisis de eficiencia y efectividad que las ciencias administrativas proveen, la conservación, una inversión tan compleja y costosa como apremiante, será cada vez más sostenible.