La discusión acerca de las consultas previas asociadas con la implementación de infraestructura de energías eólicas y solares que se proyectan en La Guajira replica el debate de hace décadas acerca del gas y el carbón, sólo que esta vez en un contexto de crisis climática muy real para la Nación Wayúu: una paradoja extrema que confronta las necesidades adaptativas de las comunidades indígenas con las expectativas de la transición energética del resto del país, también indispensable.

Si bien los mayores efectos del cambio climático en este siglo no se proyectan para el departamento, lo cierto es que por sus condiciones extremas (según el Ideam, llueve unos 300 mm en 50 días al año, aproximadamente) estos tendrían efectos drásticos para su población. Los departamentos vecinos, Magdalena y Cesar, sí están considerados como muy vulnerables por el incremento de temperaturas medias y disminución de lluvias, en particular por el cambio que se predice para la Sierra Nevada de Santa Marta, el gran faro de la dinámica ecosistémica regional.

En la península, el Ideam escenifica incrementos en temperatura media de 0,9° C y caída en la precipitación de 14,5% para 2040, 1,6°C más y 16,8% menos para 2071 y 2,3°C más y 20% menos al final del siglo. Nótese la referencia a la noción “promedio”, no a la variabilidad intra ni interanual, ni a la probabilidad de ocurrencia de fenómenos extremos como huracanes, de lo cual aún no poseemos suficiente información (https://www.gfdl.noaa.gov/global-warming-and-hurricanes/) ni considerar el aumento del nivel del mar, que podría estar en el orden de 30 cm a un metro para 2050.

Las islas de San Andrés y Providencia ya están confrontadas a un modelo adaptativo particular, ojalá lo logremos, las señales son buenas. Pero la península Guajira está abocada literalmente a la inviabilidad de las condiciones de vida: con menos agua, más calor, más erosión costera y más eventos extremos, no hay cómo garantizar la subsistencia de la población. Estamos frente a una disyuntiva crítica, pues ya no hay cómo defender las estrategias ancestrales y los modos de vida, al menos los rurales, sin la adopción de innovaciones de fondo. La diferencia ahora radica en que no se puede recuperar o comprar la seguridad climática con regalías o con los aportes fiscales, pocos o muchos, de las actividades extractivas: estamos obligados a encontrar soluciones conjuntas y sostenibles y eso nos invita a nuevas conversaciones.

En el Vaupés ya se consolida la nación del Yuruparí dentro de los esquemas y acuerdos que se han venido construyendo por más de 30 años entre numerosas etnias, con la ventaja de que el ecosistema selvático que sostiene sus modos de vida se mantendrá en buenas condiciones si se continua por la senda de la gestión indígena del territorio por parte de los indígenas, con un apoyo sustancial del Estado que no proviene de ninguna renta extractiva, sino de un fundamento ético y un complemento fiscal y administrativo donde nadie pretende decirle a las autoridades locales cómo manejar la selva: es evidente que se ha hecho bien. En el Cauca, tenemos otra historia y otra construcción socioecológica del territorio, mucho más conflictiva, pero no menos acuciante en términos de derechos humanos y adaptación a la crisis climática. Habrá que ver qué perspectivas de negociación emergen en cada caso, no hay manera de gestionar el país con la visión urbanocéntrica de siempre.