Hay varias explicaciones posibles para ello: la primera, que la gestión ambiental tiende a verse por muchos como algo opuesto a la innovación. Al fin y al cabo, ha sido la modernidad industrial la que ha causado el desastre que hoy vivimos, y hay muchas organizaciones y movimientos que asimilan “conservar el medio ambiente” con modos de vida no industriales. En ese camino se mueven las ecoaldeas, la permacultura, la agroecología, concentrando su atención en el aprendizaje de la ecoeficiencia, la convivencia pacífica y el diseño de alternativas al consumismo. Un mensaje ético directo sobre el cual reconstruir, pero que cuesta trabajo traducir a corto plazo en un mundo tan inequitativo y conflictivo, que se aproxima a  los 9.000 millones de habitantes. Necesitamos, como mínimo, construir “transiciones” a partir de ello. Por otra parte, es posible que los modos de vida tradicionales en muchos casos se constituyan paradójicamente en innovadores, pero nunca han sido considerados en serio como alternativas al “desarrollo”.

La segunda explicación es de política (o su ausencia): la gestión ambiental moderna se está entendiendo más como un proceso de licenciamiento de proyectos, como el trabajo de una superintendencia de autoridades ambientales descentralizadas, pero concentradas en discriminar lo permisible de lo prohibido. Esto ha debilitado la evolución conceptual del tema, y no sólo no ha logrado atraer mayores recursos, sino que ha distorsionado hasta las propuestas más simples: crear áreas protegidas, una innovación del siglo XIX, claramente insuficiente para el buen manejo de la biodiversidad,  se mantiene como la mejor alternativa de conservación en pleno siglo XXI, llenando el territorio de líneas maniqueas entre “naturaleza” y “desarrollo”,  como si no hubiese sino cara y sello en el ordenamiento territorial.

El país necesita urgentemente un plan de innovación para la gestión ambiental que fortalezca las capacidades creativas de todos los sectores, bajo una lectura de política pública explícita y autónoma, que permita integrarlos y proyectarlos. Por ese motivo extraña que la agenda colombiana de innovación del sector agropecuario sea la que se concerta entre el Ministerio de Agricultura y Corpoica, las de infraestructura, energía y minas de manera equivalente; pero que la ambiental no pase por el Ministerio de Ambiente y sus institutos de investigación, claramente amenazados de inanición presupuestal,  desde donde sabemos pensar organizadamente la restauración de nuestros ecosistemas, abatidos por décadas de intervenciones equívocas, y de cuya funcionalidad depende el bienestar de los colombianos. 

Necesitamos sentarnos como autoridades basadas en buena ciencia y conocimiento ante los conductores de las locomotoras, para demostrar que una buena gestión ambiental es la mejor aliada de su futuro. 

Así las cosas, se requiere de una señal clara de Colciencias y de los órganos del Sistema Nacional de Regalías que garantice el fortalecimiento de la investigación ambiental. Estamos dispuestos a competir con propuestas de calidad, trabajando en red con los grupos de investigación y universidades que nos han creado y guían, recuperando los aprendizajes prácticos de 20 años de las entidades del Sina. Pero eso no será posible si las agendas se construyen en otras partes, los recursos se dispersan sin un norte claro y no se construye una interpretación coherente de las prioridades de innovación que se requieren para afrontar la crisis ambiental que atravesamos. Así como se han construido puentes donde no hay ríos, corremos el riesgo de hacer proyectos donde no hay preguntas.