Durante los últimos años algunas empresas mineras, en conjunto con la Asociación Colombiana de Minería, han venido adelantando una conversación profunda en un esfuerzo compartido por incrementar la sostenibilidad del sector.
Aparte de temas técnicos, de ingeniería o de seguridad en el trabajo, que evolucionan muy rápidamente, el tema se ha enfocado en el análisis de la relación de una actividad extractiva, que no extractivista, con el territorio, las comunidades y los procesos de gobernanza, con la expectativa de apoyar el desarrollo de nuevas visiones, alcances y estrategias para un sector que ha venido reposicionándose ante el público y las instituciones, pese el mal uso de las redes sociales y los ataques ideológicos.
Ciertamente hay que separar la paja del trigo, identificando las narrativas emergentes que utilizan las legítimas preocupaciones ambientales de la sociedad para atacar la minería, diferentes al cuestionamiento de las inversiones extranjeras o del modelo corporativo que a menudo es indispensable para manejar el recurso: no se puede aprovechar el cobre con empresas de juguete.
Las conversaciones mineras hacen referencia, al menos a cinco temas, para la agenda electoral:
1) La informalidad y la extracción ilícita de minerales amenazan tanto a la biodiversidad como al desarrollo económico y el bienestar social. Urgen incentivos reales, trazabilidad y mecanismos de asociatividad para que pequeños mineros puedan transformar lo ilegal en oportunidades de valor y empleo local.
2) La minería necesita una nueva narrativa cultural que reconozca la historia, la identidad y las memorias territoriales: no se puede intervenir el sector con una mirada técnica únicamente, aunque se necesita mucha más ciencia. En territorios con memoria dolida, la confianza es parte de la licencia social: oro sí, agua también.
3) La sociedad opera con interdependencias profundas entre minería, agricultura, biodiversidad y bienestar social, por lo cual se requiere una visión territorial, multicultural y de largo plazo que no fragmente decisiones y que valide la situación antes de intervenir e imponer perspectivas sesgadas y sin justificación, como presumir incompatibilidad entre producción de alimentos y actividades extractivas.
4) La minería puede y debe ser un motor de regeneración ecológica y social: existen ya casos que demuestran que existen planes de cierre sinérgicos con la producción regenerativa de alimentos y materias primas, y la estructuración de cadenas de valor éticas para recuperar ecosistemas, mejorar capacidades locales y dinamizar economías rurales.
5) Una gobernanza minera virtuosa depende de articular instrumentos, que hoy operan aislados, en un sistema coherente y aplicable en cada territorio, superando la proverbial fragmentación institucional.
Colombia tiene ante sí un reto sustancial para seguir construyendo una minería que, aunque siga siendo cuestionada por algunos actores, se posesione con tranquilidad como un instrumento de gestión regenerativa de los territorios, utilizando todos sus recursos, conocimientos y capacidades (muy sofisticados), para generar rentabilidad ecológica, riqueza y crecimiento económico y bienestar para las comunidades. Esa es la minería que nos merecemos.