El anuncio hecho en semanas pasadas de que los ecosistemas terrestres por primera vez en la historia no estaban capturando más carbono del que emitían lanzó una alerta adicional al ya complejo panorama de los umbrales seguros de operación planetaria, de acuerdo con el Stockholm Resilience Center y el Postdam Institute para el clima, dos de las instituciones científicas líderes en el monitoreo global de condiciones ambientales.
Todo parece indicar que los peores escenarios se están desplegando ante nuestros ojos, mientras algunos le apuestan cínicamente a la dinamización de los conflictos armados para “mover las economías”. Se acumulan los retos de adaptación, ante los cuales sólo tenemos nuestra creatividad y capacidades de innovación, que en el caso colombiano están sobre todo en el sector agropecuario: si hiciéramos bien las cosas, podríamos capturar 50 millones de toneladas de CO2 al año en actividades forestales, con lo cual podríamos aspirar incluso a ser neutrales, un logro que el país comprometió para 2050 pero podría llegar antes, sin crear el caos que una mala transición energética está mostrando.
El paso de república bananera, o del simple “platanal” con el que lamentablemente a veces sentimos ganas de identificarnos ante la acumulación de frustraciones, podría darse rápidamente si la noción de una economía forestal se adoptase para Colombia como una porción significativa del crecimiento verde. La regeneración de bosques, una parte en plantaciones, sistemas agroforestales y silvopastoriles, y otra de selvas de todo tipo, sería una contribución costo eficiente sin duda alguna si se hace a cargo del pago por servicios ecosistémicos con una perspectiva rigurosa: si bien hay muchas “contribuciones de la naturaleza” al bienestar humano que no son monetizables, es indispensable poder generar las capacidades y cuantificar las inversiones requeridas para recuperar y manejar de manera sostenible la biodiversidad asociada con los bosques nacionales. A quién le corresponde pagar, es la pregunta que muchos se hacen. Dejusticia ha avanzado estudios importantes al respecto, pero la visión normativa requiere un complemento que vaya más allá de la identificación de responsables y medidas de restablecimiento del derecho al ambiente sano: al fin y al cabo, las responsabilidades del daño se remontan a décadas de malos manejos, malas decisiones, errores y corrupción. Y en gran medida, la falta de atención a la comunidad científica.
Invertir en bosques con tecnologías de punta, no solo pensando en la madera, parece que tendrá que ser parte de la agenda del próximo gobierno y de las finanzas verdes que poco a poco evolucionan para garantizar el flujo efectivo y eficiente de recursos para l@s emprendedor@s, sean comunidades organizadas, sean organizaciones campesinas, sean empresarios formales. Esta columna es prácticamente una reiteración del llamado que con cierta regularidad hay que hacer con la expectativa de superar las metas que cada administración fija en el tema, pero más aún, para promover la reflexión sobre viejas promesas incumplidas, como el servicio forestal o la agencia nacional de bioeconomía, que podría ser un legado de la COP 16 para todo el país. Pasar de república bananera a forestal, sin que ello implique resentimiento con los bananos.