Los grandes proyectos de inversión, tanto de infraestructura extractiva como transformativa o incluso de servicios, han estado siempre en el ojo de la crítica ambiental por la escala de sus efectos en la sostenibilidad. En minería discutimos la relevancia y pertinencia del potencial licenciamiento de Quebradona (Antioquia) y Minesa (Santander); en hidrocarburos el pilotaje de yacimientos no convencionales en Cesar; en transporte el eventual puerto en el Golfo de Tribugá o las obras de dragado del río Magdalena, por solo citar los más visibles en el debate nacional.

Un sector de opinión rechaza estos proyectos con el rasero de la desconfianza hacia la economía corporativa, nacional o internacional, debido a su perspectiva ideológica: son expresiones claras y explícitas de la dinámica masiva del capital financiero y por tanto representan lógicas de rentabilidad privada con diversos grados de inserción en las políticas públicas vía tributación, generación de empleo o transferencia de beneficios que no consideran sea el mecanismo apropiado. La argumentación de carácter político debe debatirse entonces en esas instancias y no acudir a malas prácticas de comunicación basadas en cuestionamientos técnicos que disfrazan el carácter requerido en la decisión: ni el greenwashing del mercadeo verde, ni el populismo ambientalista ayudan.

En lo ambiental, todos estos proyectos requieren cada vez más un análisis de riesgo. Buscando criterios sensibles para la toma de decisiones, lo primero que habría que declarar es que cada proyecto es un universo por sí solo, pero imposible de evaluar solamente por la EIA, un requisito muy limitado para la envergadura de las transformaciones que representa cada intervención.

Son los lineamientos de política los que deben dar luces, expresados en planes específicos que, si no los consideran, están obligados a hacerlo sin trasladar la responsabilidad a terceros. La democracia exige responsabilidades diferenciales y proporcionales a los actores institucionales y al Estado en su conjunto. Argumentar que los gobiernos están siempre “cooptados” es trivial e inocuo, pues la acusación es ambivalente, una fuente de riesgo populista y oportunista: cuando el embudo favorece, nadie recuerda los reclamos éticos.

El puerto de Tribugá, por ejemplo, tiene mi total oposición, pues a estas alturas de la historia no se justifica emprender tamañas aventuras de transformación de territorios silvestres. Ya no hay espacio para ello en un mundo que habla de economía regenerativa. Los proyectos mineros requieren una perspectiva diferencial: mientras en Jericó se intervendría una región agroturística cuya vocación no parece apropiada para la minería, en Santander ocurre lo contrario: ha sido el oro el que ha mantenido por siglos el bienestar regional. Finalmente, la intervención en el río Magdalena, hecha con acupuntura, es indispensable y, con las consideraciones de los últimos tiempos, potencialmente positiva para la restauración ecológica de una buena parte de la cuenca.

Revisar las perspectivas de transformación social y ecológica del territorio en escenarios específicos y a largo plazo requiere un análisis cada vez más cuidadoso, para lo que son necesarias capacidades adicionales en toda la sociedad.