Como tod@s podemos jugar con la arquitectura del Estado, en aras de ajustarla a las necesidades de los tiempos, me atrevo a proponer la fusión de un par de ministerios, con ajustes en su órbita de acción. La razón particular de pensar en que lo productivo agrario se reúna con lo ambiental, de nuevo en la historia, es que hemos aprendido que en el territorio ambas dimensiones concurren: no puede haber una política para los peces, los genes o los árboles silvestres basada en su hipotética condición “improductiva”.

Manejar un maizal (en cualquier escala), con toda la vida que concurre en él, es administrar un ecosistema, y afrontar la gestión del agua o la crisis climática es una tarea inseparable: un distrito de riego, para no ir más allá, es también una oportunidad de conservación. Y no puede haber reforma agraria sin perspectiva de sostenibilidad.

La Convención sobre la Diversidad Biológica reconoce la destrucción de hábitats silvestres como la mayor fuente de pérdida de biodiversidad y de sus servicios derivados, y esa destrucción sigue siendo responsabilidad de la expansión del sector agroalimentario, lo cual resulta preocupante cuando ya sabemos que se puede producir de manera regenerativa con eficiencia: un agro sostenible es un agro responsable con los suelos, las aguas, la fauna y la flora y, por supuesto, considera a los productores, grandes o pequeños, ancestrales o robotizados, como agentes de gestión territorial.

En mérito de ello, puede definir mecanismos financieros que permitan mayor rentabilidad y bienestar a tod@s: la sociedad demanda alimento, pero también paisajes y, más aún, servicios ecosistémicos. Captura y retención de carbono, para no ir más lejos, porque hay una fiscalidad internacional atada al buen manejo del territorio, y todo el conocimiento y las capacidades para rediseñarlo con sensatez, tarea en la que hay que dejar de pensar que el ordenamiento territorial es un asunto de abogados y “determinantes”, incluida la UAF y las arbitrarias Appa. Mejor hablar de las condiciones habilitantes que representa la biodiversidad y dejar de pensar en los PSA (pagos por servicios ambientales) como subsidios populistas.

El desarrollo rural no puede seguir siendo un asunto simplista donde el campesinismo se trence a garrote con el emprendimiento o la agroindustria, que incluyen la acuicultura y la forestería, obviamente. Esa división fatal distorsiona todo el Sina y también hace que la coordinación con otros sectores, como el minero-energético, el de infraestructura o incluso el de comercio y turismo, sea imposible, porque la visión de autoridad ambiental se construye sobre la desconfianza, que ha hecho de Minambiente una superintendencia de vigilancia más que una instancia promotora de la sostenibilidad, el propósito del Estado.

Un ministerio del diseño territorial basado en el diseño de paisajes sostenibles requeriría que Parques Nacionales, la aporreada joya de la corona, sea fortalecido, manejado por un cuerpo colegiado y donde los actores de la economía tuvieran la posibilidad de ver con sus propios ojos (y sentir en sus bolsillos) los aportes de una funcionalidad ecosistémica sana.

Falta el régimen de cooperación para la innovación entre Minciencias (otro paria), Agrosavia y los institutos del Sina, a veces tan calladitos en la toma de decisiones estratégicas. Son ideas.