Desde hace unas décadas, los propietarios de predios que por convicción querían contribuir con la conservación de la biodiversidad tenían que hacerlo con cargo a su pecunio; mantener el monte cuesta, así mucha gente crea que la naturaleza es gratis. El esfuerzo era valorado por muy pocos gobiernos locales, a pesar de las evidentes contribuciones ecológicas que algunas fincas, mejor manejadas que otras, hacían al territorio. En ocasiones, los propietarios más altruistas se formalizaban como Reservas de la Sociedad Civil, un reconocimiento simbólico con pocos efectos y más costos. Algunos de esos predios obtuvieron descuentos en el pago del impuesto predial, una rara excepción que ciertas administraciones hacían con esa otra clase de contribuyentes que, en vez de dinero, aportan servicios ecosistémicos, a menudo irremplazables, a la comunidad.

Proveer hábitat para polinizadores, capacidad de depuración y retención de agua, mantener suelos sanos con nutrientes regulados, preservar procesos evolutivos o cuidar el paisaje no tiene precio, pero puede y debe valorarse para el efecto de las contribuciones privadas al bienestar general, bien sea como un impuesto ecológico o la “tasa verde” que hace décadas impulsara Ángela Andrade desde el Ministerio de Ambiente, sin éxito. Y es en esa fiscalidad verde en la cual debiesen concentrarse el Igac y los municipios que hoy actualizan sus avalúos catastrales, comprensiblemente ávidos de liquidez para sus proyectos, pero no tan conscientes de que la sostenibilidad territorial no se construye solo con dinero, que, por demás, si se colecta, rara vez se reinvierte en infraestructura verde, por ejemplo.

Hoy, ante el “incremento exagerado” que muchas personas vienen resintiendo en sus obligaciones tributarias, especialmente porque dejaron de asumirlas durante años, caben dos opciones: pedir la revisión, con las consecuentes complejidades burocráticas, o pagar y mejorar la rentabilidad de sus predios, viéndose a menudo enfrentados al dilema de reemplazar bosques por sistemas productivos, bajo la lógica perversa y obsoleta de que la biodiversidad no es productiva. Como si la misma evaluación Ipbes de negocios y biodiversidad, recién publicada, no hubiese establecido claramente que en el mundo existe una sola economía, y es la que integra la rentabilidad del presente con la del futuro y, por ende, no sacrifica las bases biológicas sobre las cuales se ha establecido, extremadamente difíciles de restituir, por otro lado.

La solución más sencilla sería la integración fiscal de los flujos monetizados y no monetizados de cada predio, algo que bien puede hacerse dentro del contexto del ordenamiento territorial y utilizando el poder de autoridad ambiental que disponen todos los alcaldes. Ello significa que todo el mundo debería poder honrar el pago de sus impuestos con dinero o con servicios ecosistémicos, y que estos permitieran reconocer áreas proveedoras en cada predio, que, en caso de no existir, podrían restituirse o diseñarse con cargo a la deuda tributaria, propia o ajena, porque es parcialmente transferible, en un plan coordinado que haría que todos los municipios de Colombia, sin acudir al autoritarismo ambientalista, pudieran contribuir a la preservación eficiente y efectiva de la biodiversidad. Las Corporaciones Autónomas serían promotoras y garantes del proceso, que a la larga sustituiría toda esa gestión farragosa del aprovechamiento forestal que solo se usa para perseguir campesinos o chantajear. Soñar no cuesta nada.