El pago por servicios ambientales, que acaba de ser promulgado desde el Gobierno Nacional tras un largo trabajo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, representa uno de los mecanismos de apoyo a la gestión ambiental indispensables en un modelo de Estado como el colombiano, donde la regulación acerca del uso de los componentes de los ecosistemas (agua, suelo, aire, biodiversidad) implica transacciones o acuerdos entre actores sociales, no necesariamente mercantiles.

De hecho, los sistemas de reconocimiento de la prestación de un servicio ambiental parten de premisas previas de la responsabilidad ecológica de la propiedad y de los derechos limitados que tienen los agentes individuales de apropiarse o limitar el acceso a bienes públicos a terceros, como frecuentemente sucede en un país donde un título tiende a confundirse con una patente de corso, afianzando la idea de que cada quien puede hacer lo que le da la gana con su finca o con su casa. Parte del conflicto armado y de la inequidad en Colombia parten de esta visión que impide definir responsabilidades distributivas para los ciudadanos, las empresas o las mismas autoridades administrativas, proclives a entregar el patrimonio ecológico común sin compensación o a las malas. El caso de la apropiación indebida de playas, ciénagas y otros humedales corresponde con esta visión.

Pagar por la adecuada administración del ambiente no es lícito, es un deber de todos. Lo que define un PSA es la adicionalidad que debe reconocerse cuando un agente o actor social sacrifica una opción legítima de uso o transformación de un ecosistema para favorecer a un tercero que lo incorpora como una donación en sus cuentas. El trabajo de predación de gusanos en un cultivo de arroz por parte de murciélagos no es solo un regalo de la naturaleza: hay un campesino que provee el hábitat y cuida al insectívoro sin saberlo y que probablemente no lo haría si fuese su elección, pues reemplazaría el bosque por cultivos. Al final todos perderían, arroceros, campesinos y murciélagos. Los PSA lo que hacen es generar un reconocimiento al murciélago, a quien no interesa el dinero, sino el bosque y que alguien lo cuide.

Un sistema sofisticado de PSA considera múltiples formas de transar el valor de ese cuidado adicional del funcionamiento ecológico y garantiza que los costos de esa gestión se incorporen dentro de la economía, no como un sistema adicional de subsidios, sino como una inversión en mantener la salud ambiental que representa el bien común. Por ese mismo motivo, la academia, los empresarios y las comunidades deben diseñar las mejores maneras de combinar sus demandas y requerimientos de funcionalidad ecosistémica mediante nuevos arreglos, que tratados como experimentos, nos han de enseñar nuevas aproximaciones para convivir, disfrutar y generar bienestar común.

Un sistema de PSA, finalmente, debe ser sostenible y reconocer la coexistencia de múltiples valores asociados con la biodiversidad, de manera que las decisiones acerca de la transformación de los territorios, a menudo un conflicto de intereses, pueda negociarse en diversos escenarios y con múltiples criterios. No hay pago que compense poner en riesgo los sitios ancestrales de una comunidad, así como nadie puede comprar el derecho a demoler la Capilla Sixtina. Pero muchas otras situaciones permiten y requieren una aproximación transaccional respetuosa y protegida por la Ley. Bienvenida esta.