Desde hace muchos años existen en Colombia y otras partes del mundo las Reservas Privadas de la Sociedad Civil (Rnsc), un mecanismo mediante el cual el propietario de un predio (persona u organización) decide libremente orientar su uso a la conservación, bajo su propia concepción y valores. Esta estrategia que combina el cuidado de la tierra por razones éticas, estéticas o utilitarias, ha resultado en una amplísima diversidad de mecanismos y formas de mantener bosques o sabanas, que son los territorios sujetos de apropiación privada, pues cuerpos de agua dulce, el subsuelo y las cavernas, las playas y los mares son del dominio de la nación.

Existen reservas que al cambiar de propietario son ávidamente destruidas, pues no existe el compromiso de mantener el uso, ya que incluso en las herencias el derecho respalda la autonomía de las decisiones de quien detenta el título. De ahí que se haya buscado crear mecanismos adicionales para blindar las reservas (no étnicas) donde la biodiversidad ha sido protegida o manejada de maneras clásicas o innovadoras, pero con resultados evidentes que convienen a toda la comunidad: cuidar los ecosistemas produce externalidades positivas que tod@s disfrutamos, pero que casi nunca compensamos. El Conpes 4050 de áreas protegidas, de este mismo mes, se incluyen estrategias interesantes para solventar esta situación: por ejemplo, incrementar, a partir de la acción de PNN, la retribución del trabajo de conservación de terceros, y mejorar la valoración y reconocimiento a sus contribuciones.

Pese a las buenas noticias, en días recientes algunas reservas están sufriendo el embate de los desplazadores y acaparadores de tierras, que ante un título cierto o una posesión antigua apelan a las amenazas directas o los atentados (recordemos que Matilda Mechthild fue asesinada en 1975 en la reserva Meremberg, que Elsa Alvarado y Mario Calderón también, por proteger SumaPaz en Cabrera, y que recientemente los narcotraficantes y supuestas disidencias han asesinado a las autoridades Awa que en Nariño han protegido y administrado la reserva La Planada) o, más consideradamente, promueven rumores de expropiación que minan la confianza, o especulan con el ajuste del valor predial con el fin de forzar la venta, ante la imposibilidad de que una reserva produzca recursos para comprar su derecho a permanecer en el mercado de tierras. Obvio, pues su objetivo no es monetizar la producción de servicios ecosistémicos, sino ofrecer estos como bienes públicos gestionados en una forma similar a como operan las universidades privadas en relación con la educación.

Urge fortalecer las políticas y mecanismos de conservación privada en Colombia, de manera que los esfuerzos de la sociedad civil y de las empresas interesadas en contribuir con la conservación (Cajas de Compensación, asociaciones de productores, cooperativas, compañías responsables, universidades, etc.) sea reconocido realmente por el Estado con un sistema de reglas claras que tampoco implique que cualquier predio autodenominado “reserva ecológica” se utilice con otros fines. Ello no quiere decir que visiones indisciplinadas de la conservación no deban surgir o mantenerse, solo que el Estado reconocerá y respaldará aquellas que convergen y contribuyen con los principios aceptados del manejo de los ecosistemas bajo las perspectivas nacionales e internacionales más recientes.

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