Parece un gracejo, pero ante el calentamiento global una de las respuestas es congelar el uso del suelo “a perpetuidad”. Grandes áreas en las que predomina la funcionalidad ecológica silvestre representan la posibilidad de retener resiliencia, es decir, capacidad de maniobra frente a los efectos indeseables o imprevisibles del cambio global. Congelarlas, sin embargo, es una decisión crítica que también hace parte de los retos del desarrollo rural integral, más en manos del Ministerio de Agricultura que de Minambiente. De lo contrario, los parques se declaran siempre en áreas marginales y la conservación no se entiende como un mecanismo económico clave para la eliminación de la pobreza o la resolución del conflicto armado.

Existen numerosas circunstancias que limitan el potencial del “congelamiento”, estrategia en la que mucho del ambientalismo hace énfasis, tal vez por el hálito de naturalidad con el que moralmente juzgamos la conveniencia de estas decisiones, tal vez por la facilidad y simpleza con la que se piensa desde la ciudad “delimitar” el territorio y su funcionalidad ecológica. Aquí la cuestión no es si somos capaces de definir y mantener un catastro de conservación, sino cómo esta actividad se constituye en fundamento ético y de la viabilidad económica y social del país y no se valida únicamente si los costos de oportunidad del suelo son extremadamente bajos. Inclusive, hay ejemplos de que aquello que es “productivamente apropiado” consiste a menudo en fincas rentistas cuya eficiencia es muy inferior a la producción potencial de servicios ecosistémicos: las vacas flacas no compensan el daño ambiental, exportan perjuicios, y si antaño se negaba un título de propiedad por retener bosque (prueba de ineficiencia), hoy debemos equilibrar la ecuación. En estos escenarios, restaurar humedales en la sabana de Bogotá o declarar una reserva como la “Thomas van der Hammen” que aparecen a todas luces como un despropósito financiero, no lo es si se valoran de manera integral los demás beneficios, aunque tal vez requieran un tratamiento diferencial. 

Los recursos acumulados de las compensaciones ambientales, así como de otras fuentes de financiación sectoriales para la gestión ambiental bien podrían orientarse, en vez de sembrar árboles destinados a morir o comprar “reservas” (predios dispersos que nadie manejará), a fortalecer un sistema de ordenamiento del territorio basado en conocimiento, monitoreado, que supere la polarización entre preservar y destruir, y contribuya a darle sentido ecológico a la palabra competitividad. Las áreas protegidas no son una suma de hectáreas con anotaciones prediales restrictivas que promueven la expulsión de pobladores, sino una forma de proyectar consistencia en el uso del suelo, donde el frío tal vez no es el mejor tratamiento para hacer una gestión más equitativa y eficiente.

Recordemos que no hay nada menos natural que un área protegida, pues en ella convergen decisiones económicas y políticas de toda una sociedad, basadas en la combinación de conocimientos y voluntades, y donde ya aparecen decenas de propuestas alternativas por parte de gremios y empresarios responsables, comunidades locales orgullosas de su patrimonio, ciudades conscientes de su huella ecológica e instituciones que, como todos, quieren aportar a la solución así a menudo las normas no lo faciliten. Necesitamos un marco ampliado para la gestión de la biodiversidad en contextos territoriales, pues el modelo clásico llegó a su límite.