Hace dos años, en 2015, en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) decidimos realizar un trabajo que le permitiera al país discutir profundamente acerca de los retos, debilidades, desafíos y fortalezas desde el punto de vista de su aparato productivo, su competitividad y las posibilidades de insertarnos en las Cadenas Globales de Valor (CGV). Este ejercicio lo plasmamos en un libro que denominamos Estrategia para una nueva industrialización.

En ese documento, y en cierta forma el título mismo lo expresaba, trabajamos con la hipótesis de que Colombia requería de un esfuerzo especial para impulsar los sectores distintos al sector petrolero y minero. El país no solo ha construido una importante y diversificada base empresarial, sino que cuenta con un inmenso potencial en varios sectores. Sin embargo, políticas simplistas supusieron, equivocadamente, que las fuerzas de mercado lograrían —después de un proceso de apertura abrupto y sin ninguna preparación— desarrollar el aparato empresarial de un país latinoamericano, de mediano tamaño y desarrollo, como es Colombia.

Lo cierto es que, como decíamos en esa ocasión, un cuarto de siglo después, Colombia se ha rezagado respecto a una muy buena parte de las economías comparables en aquellos años. Este libro es un esfuerzo por complementar y profundizar en algunos de los temas tratados en el primer volumen. Conseguimos incluir temas omitidos en el anterior trabajo, reconocer avances hechos durante estos dos años, hacer propuestas nuevas ajustadas a la actualidad económica y, sobre todo, contribuir al debate abierto y franco sobre cuáles son las tareas pendientes para lograr acelerar el desarrollo económico de Colombia —sin el cual no existirá ningún avance posible en campos como el desarrollo social o incluso el posconflicto-.

¿Qué hicieron ellos que no hicimos nosotros? Algunos economistas sostienen, en un intento débil de excusar la falta de funcionamiento del modelo adoptado, que Colombia, a pesar de que llevó a cabo el proceso de apertura, fue distorsionada por excepciones y gestiones individuales de algunos sectores. Este argumento pierde total validez cuando se reconoce que más de 90% de las partidas arancelarias industriales colombianas tienen niveles (arancelarios) inferiores a 5% y en muchos casos cuentan con un arancel de 0%.

Las circunstancias que generaron el rezago, claramente, no se encuentran entonces en diferencias del grado de apertura.

Nuestra hipótesis es que las razones del gran rezago de nuestra economía frente a otras como Corea del Sur, Singapur, Finlandia, México o Turquía, que se comparaban directamente con Colombia hace 25 años, residen en varios otros hechos —agrupados principalmente en las siguientes fallas estructurales de política pública—.

Primera falla de política pública: Colombia llevó a cabo el proceso de apertura sin haber preparado el aparato productivo para asumirla. Fue una posición totalmente ingenua que no fue aplicada por ninguno de los países ganadores en la competencia. En esta se asumió que el mercado era el gran optimizador de la economía, seleccionando los casos de sectores más productivos y descartando los sectores en los cuales no teníamos ninguna oportunidad de competir. Hubiera funcionado la teoría, si nos hubiéramos preparado para ello y si fuera una competencia en la cual todos los jugadores hicieran lo mismo. Ninguna de las dos cosas fue así.

Pudo ser ingenuidad o simplemente un error en la estrategia. El hecho fue que aquellos países, quienes prepararon su estructura económica para ir dando cada uno de los pasos de apertura, resultaron ser los ganadores de esta carrera. Claro está que para haber adoptado esta estrategia había que estar convencido de que el Estado debía impulsar e incentivar explícita y decididamente los sectores económicos.

Segunda falla de política pública: Colombia, a diferencia de los países que dieron el gran salto, ha rechazado cualquier forma de política de desarrollo empresarial o industrial. Con los argumentos de que el mercado selecciona los sectores que a la postre resultarán exitosos y de que cualquier incentivo sectorial es apoyo indebido al sector privado, se ha mantenido a este totalmente alejado de las políticas empresariales por muchos años.

Colombia se ha enfrentado al desarrollo económico con grandes contradicciones. Por un lado, se pregonó durante años la inconveniencia de realizar políticas públicas que incentivaran sectores específicos. Por el otro, reconocemos, con justificada razón, las ventajas de incentivar el sector de la construcción, el agro, la infraestructura, el turismo o el sector energético. Por alguna extraña razón, a los sectores industriales, de servicios y de comercio se les ha aplicado un paradigma totalmente diferente. Esta posición ha tenido un gran costo para la economía del país. No contar con una política pública de desarrollo empresarial, por más de un cuarto de siglo, nos ha alejado de una buena parte de las más importantes oportunidades de las nuevas economías y las CGV.

Hemos insistido en la necesidad de corregir esta realidad. Es tiempo de que el país se lance de forma decidida a conquistar mercados, a asociarse con otros eslabones de las cadenas de valor, a formar nuestro talento, a tomar la delantera en algunos sectores. Este libro es una invitación práctica a hacerlo estratégicamente, entendiendo que el futuro es de quienes lo construyen y lo pueden visualizar.

Tercera falla de política pública: no se trata, solo, de un tema de política pública. Se trata de una actitud totalmente equivocada frente al papel del sector privado en la sociedad. Colombia y sus líderes políticos y sociales no han reconocido el papel del sector privado en el desarrollo de la sociedad. El modelo económico de libre mercado depende completamente de la capacidad de producción de valor de la actividad empresarial. Este es el caso colombiano. Hay numerosos países que han entendido esta realidad y han hecho de la generación de servicios, ingresos y empleo, de su aparato empresarial, una prioridad del más alto nivel.

Se comete un gran error cuando se considera al sector privado como una fuente de ingresos fiscales o como un sustituto de las obligaciones del Estado en la atención de las necesidades sociales.

Es indispensable un cambio de paradigma que reconozca la importancia del papel del sector privado en el desarrollo. Es necesario construir políticas públicas propicias para este: apoyando emprendedores, facilitando la conformación de ecosistemas que nos den competitividad en las CGV, mejorando las condiciones de infraestructura, simplificando los trámites, creando condiciones tributarias competitivas y, sobre todo, entendiendo que cuando un país se transforma así lo hace para alimentar la cadena virtuosa del desarrollo y el crecimiento. La única fuente de recursos con que cuenta un país es su capacidad de producción. Solo, si cuenta con un aparato productivo y empresarial robusto y exitoso, podrá acometer inversiones sociales, superar la pobreza, investigar, construir infraestructura, etc. Todos los países deben tomar aprecio por su sector privado y buscar desarrollarlo. Allí está la clave para el desarrollo social y económico. “Si no facturamos no se genera empleo, si no hay empleo, no hay impuestos, ni utilidades, ni inversiones sociales” ha dicho en varios escenarios Mario Hernández.

La anterior es una posición económica desprovista de ideologías. No importa que tan a la derecha o a la izquierda, desde el punto de vista político, se encuentre una sociedad: es indispensable que esta produzca bienes o servicios para asegurar su funcionamiento y se desarrolle desde el punto de vista social. Solo, los países que entienden el valor de su economía empresarial tienen una base sólida para el resto de sus objetivos públicos.

Un país de oportunidades

Colombia ha logrado posicionarse como una economía sólida y promisoria entre la región y entre las economías emergentes. Los indicadores económicos así lo muestran. En las últimas décadas, el país ha logrado crecer por encima del promedio latinoamericano e, incluso, mundial. Colombia se ha fortalecido institucionalmente, cuenta con una clase media más fuerte, y con mayor poder adquisitivo, y es una economía abierta. El país ha logrado que estos avances económicos se traduzcan en mayor desarrollo social: ampliando la cobertura en salud y educación, reduciendo los niveles de pobreza y, en general, mejorando la calidad de vida de los hogares colombianos. Así mismo, esta economía se caracteriza por contar con fundamentales sólidos que han permitido superar las últimas crisis y conservar la estabilidad del país frente a las turbulencias que han sacudido a las economías del mundo. Este es un activo que no podemos perder.

Sin embargo, la meta de mantener lo que ya hemos logrado no es suficiente. Colombia atraviesa un momento histórico. Hemos pasado de ser un país que ha enfrentado los obstáculos más difí- ciles, y que a pesar de ello logra sobresalir, a ser un país de oportunidades con gran potencial de aprovechamiento. Si logramos destacarnos en medio de un entorno que en algún momento nos caracterizó como país no viable: ¿cómo no hacerlo ahora?

Estamos en un periodo de posconflicto que nos exige jugar un papel protagónico en lo económico, lo político y lo social. Esta es una tarea que exige participación y el compromiso del sector público y privado, la academia, los partidos políticos, y, en general, de todos los actores económicos y sociales. Allí tenemos un gran reto como sociedad.

Las oportunidades en Colombia no tienen límites. Nuestra riqueza en recursos naturales, nuestra estratégica geolocalización y la diversidad de suelos y climas nos permiten contar con una amplia gama de productos y especies para diversificar la cadena agroindustrial. Tenemos toda la materia prima para ser un gran jugador y abastecedor de alimentos en el mundo. ¿Por qué no soñamos con ser uno de los diez principales productores de las cadenas agroindustriales? La oportunidad está. El reto, también.

Tenemos una oportunidad en la forma como abordemos el crecimiento. El enfrentamiento entre desarrollo y protección de los recursos naturales es, hoy en día, un falso dilema. Y, afortunadamente, el país así lo ha entendido. Somos parte de los países orientados hacia un crecimiento verde que exige una planeación, a largo plazo, de los recursos: reduciendo los riesgos por escasez y buscando detener el deterioro del capital natural. El reto de este enfoque está en hacer que el crecimiento sea sostenible, estimule la productividad, se fundamente en la innovación en procesos y cree nuevos mercados y oportunidades en negocios “verdes”.

Hemos dado grandes pasos en la adopción de nuevas tecnologías para aprovechar los beneficios de la Cuarta Revolución Industrial y hemos entendido la importancia de la innovación como parte de nuestra estrategia.

Los hogares son hoy más digitales. Prácticamente, todos los colombianos tienen, por lo menos, un celular y muchas familias ya tienen acceso a internet. Las compañías han evolucionado hacia nuevos planes de negocios en los que la información en la nube, big data y el e-commerce dejaron de ser temas exóticos. El sector público ha incursionado en la transformación digital y ha sistematizado algunas de sus relaciones con la sociedad, pero todavía muchos trámites no se pueden realizar en línea. Es decir, nos estamos transformando pero no somos, todavía, un país digital. En la transformación digital no nos podemos quedar cortos. Queremos liderar y ser protagonistas. No queremos limitarnos a ser parte del grupo de economías en transición.

En la historia empresarial de Colombia siempre se ha hablado de hacer empresa, de la búsqueda de oportunidades y de las condiciones que se necesitan para que estas sean sostenibles y se queden en el país. Hoy tenemos que hablar de emprendimientos. Los emprendimientos son las empresas de hoy y, sin duda, son las empresas del mañana. El país ha demostrado que —en un entorno complejo, con apoyo desordenado y algo desarticulado—, algunos emprendimientos han logrado desarrollarse e incluso destacarse internacionalmente. Nuestros retos son posicionar el tema en los futuros profesionales, convertirlo en parte del sistema educativo, involucrarlo en la política pú- blica y consolidar la cadena de valor definida como grandes empresas-emprendimientos.

En la economía moderna la innovación se ha convertido en el motor de la productividad y la competitividad de las empresas. Una empresa innovadora logra mayor sofisticación en su producción, mayores tasas de inversión y, en consecuencia, mayores crecimientos. Por lo tanto, debemos trazarnos la meta de ser, como mínimo, la tercera economía más innovadora en Latinoamérica antes de 2025.

En capital humano, Colombia tiene una fortaleza que realmente no hemos sabido aprovechar. La potenciación de esto debe empezar en las aulas del colegio, con la utilización de todas las herramientas de las nuevas tecnologías. Debemos beneficiarnos del potencial que tiene una nueva generación que ya es digital. Los técnicos y tecnólogos no han sido debidamente capacitados y valorados en nuestra sociedad. Allí también se deben dar grandes transformaciones.

Las oportunidades son muchas. Pero, como toda oportunidad, si no es aprovechada, se pierde. Nuestra tarea es capitalizar el momento y aprovechar cada uno de estos temas, para conservar la buena posición del país y alcanzar los altos niveles de desarrollo económico y social que nos exigen los mercados. Todo lo anterior será posible, única y exclusivamente, si nos unimos como país y trabajamos de manera articulada con todos los actores económicos, sociales y políticos. En esta dirección, en la ANDI decidimos abordar a profundidad los distintos frentes en donde Colombia tiene oportunidades: esta es la motivación que nos impulsa a proponer, Estrategia para una nueva industrialización II.

Recordemos que hace dos años enfatizábamos en la necesidad que tenía el país de contar con una política de industrialización que fomentara e impulsara la inserción en las CGV. Hoy, tenemos que pensar en un complemento para esta estrategia que nos permita aprovechar este momento histórico y todas las oportunidades del país, con el propósito de seguir siendo un país que se destaca en la región y, por qué no, en el mundo.

La política que necesita Colombia, como país con múltiples oportunidades, no es diferente a la que ha requerido durante las últimas décadas. Necesita implementar la estrategia de competitividad que hemos venido planteando desde hace varios años. Esto implica trabajar en el costo país (de tal forma que contemos con costos competitivos en los insumos energéticos). Debemos mejorar en los aspectos laborales (para que se ajusten a las necesidades de la empresa moderna), flexibilizar nuestro régimen laboral, reducir trámites y lograr una baja tarifa efectiva de tributación. Otros temas críticos son la formalización y la lucha anticontrabando. El desarrollo de una logística e infraestructura competitiva también forman parte de esta agenda. A lo anterior, se suma la necesidad de unas instituciones fuertes, un mercado de capitales desarrollado y una agenda comercial que permita aprovechar los acuerdos de integración.

Todos estos retos los analizamos en la primera versión de la Estrategia para una nueva industrialización. En los últimos dos años hemos trabajado con el sector público en el desarrollo de esta agenda. Se han logrado avances en diferentes áreas, pero los desafíos se mantienen. Quizás, el principal reto esté en que los temas más importantes de discusión de política pública, en Colombia, sean el desarrollo económico y el aprovechamiento de nuestras oportunidades.

En Estrategia para una nueva industrialización II buscamos que el país oriente su política pública hacia las grandes oportunidades que tenemos y hacia las acciones que se necesitan para convertir estas ventajas en una nueva realidad económica. Abordamos los temas de transformación digital, innovación, emprendimiento, agroindustria y educación.

La transformación digital, hacia un modelo donde Colombia ocupe un papel protagónico, exige avanzar en diferentes aspectos. En lo impositivo, debe reducirse significativamente el IVA a dispositivos inteligentes y eliminarse el impuesto al consumo de datos. También es prioritaria la implementación de la factura electrónica. Otro tema que debe abordarse es la reglamentación de los modelos disruptivos de negocio, como son los de economía compartida. En la relación entre la sociedad y el sector público, la meta tiene que ser que todo trámite sea digital.

Los retos que impone la transformación digital no se limitan a los negocios disruptivos y a la necesidad de que las empresas y la política pública se ajusten. En la educación está uno de los mayores desafíos. Las habilidades que requieren las empresas hoy, y que requerirán en el futuro, implican nuevos modelos educativos, mayor formación de docentes y un aprendizaje continuo. El modelo que se ha discutido alrededor del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) es un buen comienzo. A lo anterior tenemos que agregarle el fortalecimiento de la formación de técnicos y tecnólogos, un mayor énfasis en el bilingüismo y la promoción de esquemas de formación dual.

Colombia debe abordar el tema de la innovación y el emprendimiento sofisticado como una polí- tica nacional de largo plazo. Esta política tiene la obligación de contar con mecanismos de financiación permanentes y con una mayor velocidad. Es necesaria la articulación con los modelos y las capacidades de los emprendimientos y de los proyectos de innovación.

En innovación también debe buscarse el fortalecimiento de los ecosistemas de ciencia y tecnología en el país, los cuales deben estar articulados con redes internacionales. Igualmente, es necesaria una mejor focalización de la oferta de servicios de apoyo científico y tecnológico por parte de las universidades.

Los emprendimientos deben facilitarse para que logren crecer de manera rápida y sostenida, con altas tasas de rentabilidad y con generación y/o adopción de tecnología e innovación. Para ello, el país debe contar con una política pública que articule el contexto nacional y regional, integre el sistema de educación al emprendimiento y responda a las necesidades y tendencias de los mercados con la formación de emprendedores. Además, debe facilitar la creación de fondos de apoyo al emprendimiento y la formalización de estos empresarios.

En agroindustria, el punto de partida, necesariamente, tiene que ser el fortalecimiento de la cadena de valor. Los diferentes eslabones deben trabajar articuladamente. Acciones como la creación de observatorios de consumo, la promoción de un manejo empresarial del campo y la profundización de espacios para lograr compras y negociaciones con mayores volúmenes contribuirán a la consolidación de la cadena agroindustrial. También, es importante mejorar el acceso a materias primas competitivas. En este punto, algunas recomendaciones incluyen reducir aranceles de materias primas no producidas en el país, analizar las franjas de precios y establecer protocolos fitosanitarios claros y predecibles.

Otro tema crítico para la agroindustria está en la coordinación institucional. Si bien se han creado comisiones y grupos de trabajo en los que se analizan temas comunes a los sectores agropecuario, industrial y de servicios (que constituyen parte de los eslabones de la cadena), las decisiones de los ministerios y entidades adscritas a ellos no siempre están coordinadas. Por lo tanto, resulta pertinente pensar en un viceministerio agroindustrial.

Estos puntos generales son solo algunas de las recomendaciones que incluimos y que contribuirían a convertir la agroindustria, la innovación, el emprendimiento y la transformación digital en oportunidades para Colombia.

Nada de ello es posible si no contamos con un entorno donde se cumplan unos requisitos mínimos para que se desarrollen las empresas. Estamos hablando de certidumbre jurídica, competitividad laboral y tributaria. Y un tema crítico: la lucha contra la corrupción.

La seguridad jurídica es fundamental para la inversión, el desarrollo tecnológico y el crecimiento. Los empresarios necesitan que sus inversiones se realicen en contextos de estabilidad. Estos les permiten tener certeza de los derechos que los cobijan en cuanto a la propiedad, el tratamiento por parte del Estado y la administración de justicia. También, les dejan claro las obligaciones laborales, regulatorias y tributarias que deben cumplir en el desarrollo de sus proyectos. Esta certeza, así como la estabilidad de estas condiciones en el tiempo, son elementos determinantes para decidir emprender un proyecto de gran envergadura y a largo plazo. En este tema, el país debe reducir la excesiva expedición de nuevas normas, promover el uso de tecnologías de la información en la administración de la justicia (para aumentar su eficiencia) y expedir leyes orgánicas que delimiten, claramente, las competencias de las autoridades nacionales y territoriales en aspectos tributarios, explotación de recursos naturales, etc. Es fundamental que el país cuente con procedimientos claros sobre los requerimientos y alcances de las consultas con las comunidades. La normatividad tiene que contar con una perspectiva de largo plazo.

La competitividad tributaria y laboral fueron abordadas en la primera versión de la Estrategia para una nueva industrialización. Sin embargo, en los últimos años los avances son mínimos en estos temas y en algunos aspectos hemos retrocedido. En lo tributario, debe continuar el proceso de simplificación de los gravámenes para hacer atractiva la inversión y la formalización económica. También, es urgente reducir las tarifas corporativas de tributación. Colombia cuenta con una tarifa efectiva de tributación alrededor de 70% y, simultáneamente, pareciera tener una baja presión tributaria a juzgar por el indicador de recaudo como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Lo anterior se debe a que son pocos los contribuyentes que aportan al fisco. En el control a la evasión y a la elusión se debe adelantar la modernización tecnológica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Con respecto a la competitividad laboral, la legislación debe cumplir varios objetivos: ajustarse a las formas modernas de trabajo, fomentar la formalización y adaptarse a los nuevos modos de negocio de la Cuarta Revolución Industrial. Uno de los puntos críticos sobre los cuales se debe trabajar es la certidumbre jurídica. También, hay que avanzar en una modernización y flexibilización de la legislación relacionada con los temas de tercerización, horario diurno, contratación y estabilidad laboral reforzada.

Finalmente, está el tema de la corrupción. Usualmente, este no es parte de la temática de una política de industrialización, pero es uno de los mayores flagelos de la sociedad colombiana y debemos abordarlo. Impide un verdadero desarrollo económico y social, afecta el normal desarrollo de los negocios y se traduce en grandes distorsiones en la asignación eficiente de los recursos. Por consiguiente, se convierte en un eje fundamental de la política pública.

Algunas recomendaciones, en este punto, son: aumentar las penas para todo acto de corrupción, incrementar el uso de la tecnología en todas las acciones que tenga el Gobierno, disminuir y simplificar los trámites, buscar mayor transparencia en la información oficial, fortalecer las autoridades de control y reforzar las capacidades de los funcionarios públicos.